EL HOSPITAL DE SANTA CRUZ

El actual Museo de Santa Cruz es uno de los más importantes museos de España y, desde luego, de nuestra provincia. Como es sabido, toma su nombre del edificio que lo alberga, una joya del arte renacentista construido a principios del siglo XVI por Antón y Enrique Egas, con la intervención, entre otros, de Alonso de Covarrubias. La edificación se realizó siguiendo el deseo de Pedro González de Mendoza, arzobispo de Toledo y cardenal de España, quien dejó estipulado en su testamento que se construyese un hospital para pobres bajo la advocación de la Santa Cruz utilizando para ello determinadas casas propiedad de la Catedral, aunque sus albaceas testamentarios cambiaron la ubicación por el que había sido monasterio de San Pedro de las Dueñas, de monjas benedictinas. Don Pedro murió en enero de 1495 y los historiadores fijan el inicio de las obras entre 1501 y 1504.

El grueso de la documentación del Hospital se encuentra actualmente en el Archivo de la Diputación Provincial, pero nosotros tenemos un “legaxo 2” que debió ingresar en el Archivo entre 1972 y 1975 y cuya procedencia concreta desconocemos. El conjunto consta de 22 documentos que suponen un total de 226 hojas, y presenta hasta cuatro signaturas diferentes. La portada reseña cuidadosamente estos documentos, de manera que podemos asegurar que el legajo está completo, aunque, evidentemente, separado de su contexto original.

Los documentos más antiguos se remontan a la época de la fundación del Hospital. En concreto, tenemos un poder de 1498 que conserva intacto su sello de placa del Cabildo de la Catedral, sello que representa la imposición de la casulla a San Ildefonso por parte de la Virgen María; además, el documento muestra una inicial decorada y un llamativo signo del notario apostólico que lo refrenda.

Os presentamos también un documento de 1505 con algunos detalles interesantes. Se cuenta, en efecto, que las monjas del monasterio de la Concepción, hoy conocido como “Concepción Francisca”, habían ocupado el antiguo monasterio de San Pedro de las Dueñas, abandonado poco antes por sus antiguas ocupantes benedictinas. Las concepcionistas se lo regalaron a la reina Isabel, quien a su vez lo traspasó al Hospital “para faser e fundar e hedificar el dicho Ospital de Santa Cruz. E en compensaçión dello, Su Alteza mandó tomar de los bienes del dicho Ospital un quento de maravedíes, e vos fue dado el monasterio de Sant Françisco desta dicha çibdat de Toledo a donde estoviéredes”. Todo ello para camuflar lo que no era más que una simple compraventa: el edificio del antiguo convento benedictino a cambio de otro convento cercano, el de San Francisco, y un “quento” —un millón— de maravedíes.

Las relaciones entre el Hospital y su convento vecino fueron siempre algo tensas. De hecho, la mitad de este legajo lo ocupa un largo pleito sobre una pared medianera, iniciado en 1590 y terminado en 1601. Pero, con todo, el Hospital funcionó como tal hasta su desamortización en 1845, cuando se convirtió en Colegio de Infantería. Después fue abandonado y estuvo muchos años en un estado lamentable, pese a ser declarado Monumento Nacional en 1902. En 1919 se dispuso habilitarlo para Museo Provincial, pero esta idea no fue realidad hasta 1935. Para entonces hacía ya un par de años que se había instalado allí también el Archivo Histórico Provincial; ambas instituciones, junto con la Biblioteca Provincial, compartían edificio, director y personal.

UNA VENTANA A LA LOCURA

A veces los documentos nos abren la puerta a rincones oscuros de la naturaleza humana. Es el caso de los diarios de RHV que se incluyeron como prueba en un juicio en la Audiencia Provincial.

Se trata del proceso contra la que fue “doméstica” en casa de RHV, a la que llamaban “May”. Nosotros utilizaremos tanto este apodo como las siglas del afectado, ambos tal como aparecen en la documentación. RHV era un acomodado ingeniero que regentaba un próspero negocio ganadero en las afueras de Talavera de la Reina, donde tenía su residencia. May, hija de la anterior ama de llaves de la propiedad, se había criado junto a él y, con el tiempo, además de heredar el trabajo de su madre, se desarrolló entre los dos un gran cariño y confianza. Desde los quince años, May se convirtió en la auténtica administradora de la casa, a plena satisfacción de su patrón y amigo quien, por su parte, desde 1951 empezó a llevar un diario mercantil donde anotaba escrupulosamente sus operaciones económicas, incluso las más nimias. Pero bajo la fecha del 26 de noviembre de 1952 empieza a anotar una lista de personalidades: Churchill, Isabel II, María de las Mercedes, Reina Madre de Inglaterra, don Juan III, etc. A partir de aquí los apuntes contables se combinan con anotaciones de supuestas reuniones y actuaciones de él mismo con todas estas personalidades —y muchas más que van apareciendo, desde Amparo Rivelles al Papa—, mezclándolas con personas de su entorno, en especial la propia May.

Por ejemplo, en una anotación de 1954 dice que Gregory Peck, que acababa de llegar a Madrid, se encaró con los periodistas, según él súbditos de Satanás, por decir que no sabía español, y dirigiéndose a ellos en este idioma les dijo “de manera que ya lo saben ustedes: son ustedes unos canallas y pueden defenderse porque los voy a asar a puñetazos, y diciendo y haciendo se lanzó sobre ellos y los derribó a todos al suelo a puñetazos”. Efectivamente, el actor visitó España en 1954 pero, desde luego, no tuvo incidente alguno con los periodistas. RHV imaginaba que existía una especie de sociedad secreta denominada  “Gran Asociación Mundial de los Hijos de Dios” o “GRANTUC”, de la que él era el máximo mandatario, lo que no le impidió nombrar a Winston Churchill su presidente, contando con la bendición de Pío XII.

Los delirios fueron aumentando en duración e intensidad. RHV se encerraba cada vez más en su cuarto, sin atender a sus negocios y, según el forense del caso, en 1958 había perdido ya todo contacto con la realidad. May, por su parte, se hizo con el control total de la hacienda y la despilfarró en pocos meses, impidiendo que nadie viera a RHV. La situación, sin embargo, se degradó tanto que en marzo de 1960 sus familiares consiguieron acceder a él y rápidamente lo ingresaron en un sanatorio psiquiátrico en Madrid. El diagnóstico fue claro: esquizofrenia paranoide. Cuando el forense lo reconoció en septiembre del mismo año, RHV afirmó, entre otras cosas, ser el Espíritu Santo y Dios en la tierra o que el cadáver de la Virgen María estaba enterrado en su huerto. Su familia había ya iniciado un proceso criminal contra May, quien fue finalmente condenada a diez años de prisión por apropiación indebida.

EL MERCADER CULTO

El 8 de febrero de 1586 se presenta ante el notario Juan Sánchez de Canales un conocido vecino de Toledo llamado Gaspar Sánchez Cota, primo hermano del notario, por cierto. Pronto casará con doña María de Cepeda y por este motivo quiere hacer inventario de todos los bienes que aporta al matrimonio. Como sabemos, en el siglo XVI eran habituales estas declaraciones, de manera que si uno de los cónyuges muriese sin descendencia, sus bienes volvían a su familia. Un documento similar será el que suscriba, pocos meses después, la futura esposa de Miguel de Cervantes antes de casarse con el escritor, documento con una curiosa historia que ya os contamos en su momento.

Bien, pues don Gaspar viene a hacer lo mismo. Es este su segundo matrimonio y la lista de bienes muebles, inmuebles, dinero en efectivo y deudas diversas abarca casi diez páginas de pulcra letra humanística. Sánchez Cota era un comerciante acomodado, desde luego, bastante culto. Gracias a la investigación de Mario Arellano sabemos que descendía de una acomodada familia de conversos. Tuvo dos hijos legítimos que no le sobrevivieron, pero sí sus dos hijas ilegítimas, ambas citadas en este documento y que recibieron sendas mandas en dinero.

El inventario de los bienes presenta algunos detalles interesantes. Así, no hay muchos cuadros, apenas “tres imágenes de Dios Nuestro Señor y una de Nuestra Señora” y “un lienzo pintado al óleo de la Santa Cena, con su cerco de madera dorado”. Eso sí, encontramos “un Discricio de Gerardo Mercate, aforrado en lienzo con su orla de guadamecil”, quizá en referencia al famoso y hoy rarísimo mapamundi elaborado en 1569 por el famoso cosmógrafo alemán Gerhard Kremer, conocido como Gerhardus Mercator. También aparece un arcabuz de rueda y una cota de malla “con sus mangas”, que es poco probable que hubiesen sido utilizados nunca, junto con “dos ajedreces con sus trebejos” y “una sortija de oro de cuatro rubíes y un diamante”. Naturalmente, el inventario enumera la casa principal en la collación de Santa Leocadia, sus deudas y sus acreedores, y sus extensas propiedades en San Martín de Valdeiglesias, incluyendo más de 1.600 arrobas (unos 19.000 litros) de mosto “que agora es vino nuevo”. Además, aparecen muchas piezas de paño de diversos tipos: bayeta, palmilla, estameña, picote, catorceno, tafetán, etc…

Pero lo que más nos ha llamado la atención es la lista de libros. Se contabilizan más de 60, algunos de ellos con varios tomos, aunque desgraciadamente hacia la mitad de la lista parece que se cansaron de reseñar los títulos y el escribano se limitó a mencionar “treinta y un cuerpos de dichos libros pequeños y medianos de romance”. Entre los que sí merecieron ser recordados por su nombre encontramos clásicos como Homero, Ovidio o Virgilio, pero también autores contemporáneos: Petrarca, Juan de Mena o el “Orlando furioso” de Torcuato Tasso. Hay también dos libros de música, uno de Miguel de Fuenllana, sin duda su “Orphenica Lyra”, y otro del “Milanés”, es decir, Luis de Milán; ambos son obras para vihuela, instrumento que luego aparecerá entre sus bienes en su testamento. Llama la atención la falta de libros religiosos, apenas compensados por “todas las obras de fray Luis de Granada y el Símbolo de la Fe”, y la abundancia de libros de historia y geografía. Además del mapa ya citado, hay obras de Florián de Ocampo, de Ambrosio de Morales, una “Historia de África”, la “Crónica de Juan II” y hasta un libro prohibido, la “Historia de las Indias” de Francisco López de Gomara. Además, aparece un ejemplar de Tito Livio en castellano del que se dice que “es copioso” y no es para menos: las ediciones actuales de “Ab Urbe condita” llegan a las 600 páginas.

La investigación de Mario Arellano que hemos citado nos dice que toda esta herencia fue subastada en almoneda a su muerte en 1611, incluyendo su biblioteca, que había sido muy aumentada y que se vendió íntegra a un librero toledano.

EL TÍO MAXI Y EL CINE MODERNO

Esta semana se ha abierto una exposición virtual elaborada por nuestros compañeros del Servicio de Archivos y Museos dedicada a la huella del cine en nuestros archivos. Es un trabajo magnífico y os recomendamos visitarlo con calma. En ella se utilizan algunos documentos de nuestro archivo, incluyendo una fotografía del cine Moderno, que estuvo situado en la calle Sinagoga de Toledo; tenéis más datos sobre este local en dos espléndidos artículos de Rafael del Cerro. La fotografía no está fechada, pero se observa que anuncia como estreno la película “Tom Jones”, de Tony Richardson, que llegó a España en 1964, de manera que la fotografía debe ser de ese año o quizá del siguiente. Por cierto, que este film tuvo un éxito enorme y consiguió cuatro Oscars, tres premios BAFTA y dos Globos de Oro, entre otros grandes premios, aunque hoy está mucho menos valorada.

El cine Moderno era, en aquel momento, propiedad de los hermanos Galiano, pero su historia es muy anterior y está vinculada a Maximino Guerrero Díaz de Santos, un personaje al que merece la pena observar más de cerca. Nacido en Guadamur en 1869, en 1905 compró el local de la calle Sinagoga para montar una casa de comidas que, al año siguiente transformó en unos billares; el local alternó ambas actividades hasta ser definitivamente convertido en cine y teatro en 1917. Durante esa época, además, “el Tío Máxi” regentaba unos billares en el edificio del Casino, en la Plaza de la Magdalena. En 1929 cerró el cine ante la presión de las nuevas películas sonoras, para las que no estaba preparado, pero en 1932 lo reabrió, esta vez mucho mejor equipado, conociendo un éxito fulminante.

Además de su actividad principal como empresario del ocio, Guerrero intervino en algunas operaciones relacionadas con el patrimonio histórico, aunque siempre como intermediario. Así, en 1933 ofrece al Estado un objeto denominado “oblata visigoda de Toledo”, del que no tenemos más noticias. Pero, sobre todo, fue el representante de la sociedad “El Siglo XX” nada menos que en la venta que esta sociedad hizo al marqués de la Vega-Inclán del solar donde estuvieron las casas del marqués de Villena, es decir, donde hoy se levanta el Museo del Greco; el documento de venta se conserva en el archivo del Museo del Romanticismo y está fechado en junio de 1906.

Guerrero nunca ocultó sus ideas republicanas. Ya en 1901 lo encontramos oponiéndose públicamente a la erección de una estatua de Alfonso XII. En 1932 se afilia formalmente al partido de Manuel Azaña, Acción Republicana: en su carnet, que conservamos en nuestro archivo, encontramos también una fotografía suya de esta época, con 63 años. En varias ocasiones cedió su local para actos políticos de su partido y de la izquierda republicana en general. Huyó de Toledo al llegar las tropas franquistas e inmediatamente el cine Moderno le fue incautado, pasando a ser propiedad del Ayuntamiento. Tal como indican los documentos que os ofrecemos, procedentes de su expediente policial y de su expediente de preso, fue detenido en abril de 1939 en Ocaña y se le acusó, además de su actividad política, de robos en conventos y en viviendas particulares.

No obstante, su delicada salud debió influir en la relativa brevedad de su condena efectiva, puesto que en abril de 1941 ya fue liberado, instalándose en La Puebla de Montalbán. A los pocos meses, el jefe provincial de Falange intentó que fuese de nuevo encarcelado, alegando sus antecedentes y añadiendo la acusación infundada de delaciones que derivaron en fusilamientos. Lo detuvieron inmediatamente, pero al día siguiente ya fue puesto de nuevo en libertad. A pesar de su edad y de las circunstancias, siguió luchando por sus derechos, y en 1945 consiguió la absolución por parte del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas. Aun así, en enero de 1948 la Policía emitió informe sobre su actividad pasada, y ya no volveremos a tener noticias suyas.

LA COMPRA DEL TERRENO

Por lo general, los ciudadanos no somos conscientes de todo lo que hay detrás de una decisión administrativa. Incluso las actuaciones que cuentan con el consenso universal llevan detrás toda una serie de pequeñas acciones que, en cualquier momento, pueden dar al traste con la idea o, al menos retrasarla o modificarla. Son los que solemos llamar “trámites”, y que siempre nos resultan tan engorrosos, aunque son la única forma de asegurar que todos los interesados en cualquier asunto han sido, al menos, escuchados. Hoy nos vamos a fijar en los trámites que hicieron falta hace ahora cincuenta años para comprar una finca para la ampliación del Taller del Moro, uno de los edificios y museos más singulares de la ciudad, y relativamente poco conocido. Adelantemos el final: todo el mundo estaba de acuerdo, pero el asunto duró un año y medio, entre noviembre de 1967 y mayo de 1969.

Al Taller del Moro ya le dedicamos en su día un post, con motivo de su reinauguración. Por cierto, que una de las fotografías que utilizamos entonces estaba mal identificada, y ahora es momento de rectificarla. En efecto, la que muestra una exposición en el interior del edificio no corresponde al Taller del Moro sino a la Casa de Mesa; agradecemos a D. Lorenzo Andrinal que nos lo haya hecho ver. Bien, pues, como es sabido, el edificio actual es resto de una vivienda del siglo XIV, que fue comprada por el Estado en 1963 para “Museo de Artes Constructivas y Decorativas Tradicionales”, como dice la página web que le dedica el Ministerio de Cultura y Deportes.

En 1967 se decidió comprar una finca colindante para ampliar lo que entonces ya solo se llamaba “Museo de Cerámica”. En realidad, se trataba del resto de la finca original que no había sido adquirida en su momento, y que por entonces estaba en manos nada menos que de doce propietarios, algunos de ellos personas físicas pero otros instituciones como las Hermanitas de los Ancianos Desamparados o la Hermandad del Refugio. Los trámites de contactar con todos ellos y ofrecerles la cantidad que el Estado consideró conveniente —un millón cien mil pesetas de la época— recayeron sobre el Gobierno Civil y, como podemos ver, el entonces Director General de Bellas Artes insistió suave pero firmemente en dar prioridad al asunto. Estamos a mediados de noviembre de 1967.

Carta a los propietarios de la finca

Telegrama al director General de Bellas Artes

Quizá la presión ministerial llevó al Gobernador Civil a un exceso de celo, porque dos meses después uno de los propietarios, que por lo visto no acababa de fiarse del todo, denunció ante el Juzgado que se había empezado el derribo de los edificios sin haber dado suficientes garantías de pago. Podemos imaginar las prisas y las conversaciones de esos días. A finales de enero de 1968 alguien, cuyo nombre no consta, se dirige a uno de los propietarios para proponerle un acuerdo “con el deseo de encontrar una solución definitiva a este asunto y que nos dejen ya en paz”. No se puede ser más expresivo. El propietario renuente aceptó finalmente las garantías formales que le presentaron, y a finales de febrero un aliviado Gobernador Civil comunicaba al Director General que ya todo el mundo estaba de acuerdo y podían seguir las obras.

Telegrama al Director General de Bellas Artes

Oficio al Gobernador Civil de Toledo

Pero no terminó aquí la cosa. Hubo que conseguir las escrituras de propiedad de todos los afectados, lo que llevó un par de meses, hasta principios de mayo. Después, la orden de pago efectiva no se efectuó hasta octubre, no se comunicó a los propietarios hasta la Navidad y el dinero no estuvo efectivamente a disposición del Gobernador Civil hasta febrero de 1969. Es evidente que, para pagar, ya no había tanta prisa. En fin, ya parecía estar todo cumplido y solo faltaba ir al notario a formalizar la venta. Pero el concienzudo fedatario público exigió una autorización expresa para que el gobernador pudiese utilizar ese dinero; el Ministerio se resistió a darla, el notario insistió con profusión de jurisprudencia y, entre unas cosas y otras, hasta mediados de mayo no cobraron los propietarios y el asunto quedó definitivamente zanjado. Un año y medio para una cuestión en la que todos estaban de acuerdo.