ACADEMIAS

Como es sabido, la palabra “academia” remite a los cenáculos formados alrededor de algunos filósofos de la Grecia antigua y, en general, hace referencia a una reunión de sabios con finalidad de investigación o de docencia. Ya en el s. XVII se empezó a aplicar este nombre a las clases que recibían los aspirantes a ingresar en algunas órdenes religiosas. Los problemas vinieron cuando, a partir del siglo siguiente, estas academias empezaron a admitir alumnos seglares, es decir, universitarios. En Toledo, la primera academia de este estilo de la que tenemos noticia funcionaba en el convento de San Pedro Mártir.

Fragmento de anuncio referido a la academia de San Juan Nepomuceno

Como era previsible, las universidades cercanas protestaron contra lo que consideraban una injerencia, pero lo cierto es que las academias empezaron a proliferar debido, en parte, a que sus enseñanzas estaban mucho más acordes con los nuevos tiempos de “ilustración” y lo que podríamos llamar “modernidad”. Incluso era frecuente que los propios catedráticos universitarios impartieran también clases en las academias. Así que pronto las universidades optaron por, en lugar de enfrentarse a ellas, integrarlas de algún modo. La integración fue tan exitosa que se llegó a exigir a los alumnos estar aprobados en las academias para poder obtener el grado universitario, como refleja claramente este anuncio de 1793. Las academias, pues, fueron parte esencial del funcionamiento de las universidades durante el siglo XVIII y hasta las reformas del primer tercio del XIX.

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  Decreto de creación de la academia de San Juan Nepomuceno

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  Constituciones de la academia de San Agustín

La primera academia que conocemos integrada en la Universidad de Toledo fue la de Cánones y Leyes de San Juan Nepomuceno, cuyas constituciones fueron aprobadas por el Claustro universitario en 1753, aunque en 1788 se dividiría en una academia de derecho eclesiástico (“cánones”) y otra de derecho civil (“leyes”); en la imagen vemos la aprobación por el Consejo Real de esta última. Hubo además otras cuatro, dedicadas a la filosofía, la teología, los “sagrados cánones, liturgia, historia y disciplina eclesiástica”, y la oratoria. Las academias se mantuvieron en funcionamiento hasta la supresión de la Universidad de Toledo en 1845.

Fragmento de proceso judicial por insultos

Las academias mantenían su propia organización. En general, se reunían para sus clases en lugares ajenos a la universidad y fuera del horario lectivo. Por ejemplo, la de San Agustín se reunía los domingos en la parroquia de San Justo. Además de impartir las lecciones correspondientes y hacer sus ejercicios de evaluación, las academias ventilaban sus propios asuntos de forma casi asamblearia, lo que daba lugar a frecuentes disputas que acababan dirimiendo las autoridades universitarias, a veces con el recurso a la fuerza pública. Aquí tenemos el caso de un airado estudiante que, en la misma casa del presidente de su academia y pese a la presencia del alguacil municipal, todavía sigue “diciendo al mencionado presidente que era un navo [sic], que se cagaba en la Academia, que eran todos unos bolos, que estaban relajados [por la Inquisición], que aquella no era Academia y que todo se volvía intereses particulares”. El escribano encargado del caso anotó todo escrupulosamente y sin inmutarse.

Anuncio de función religiosa de la academia de San Agustín

Pero no todo eran problemas. También había lugar para las fiestas y celebraciones, como esta que anuncia la academia de San Agustín y que, además de su vertiente religiosa, sin duda tenían un claro componente social y lúdico.

¿CUÁNTO COSTARON LOS GRECOS DE ILLESCAS?

Los artistas también cobran, especialmente los mejores. El Greco, por ejemplo, no era barato, aunque en ocasiones debía pasar por costosos pleitos y largas esperas hasta recibir el precio de su trabajo. Los fabulosos cuadros que pintó para el Hospital de la Caridad de Illescas, y que se exponen desde ayer en el Museo del Prado, tuvieron un precio bastante elevado, pero nuestro artista tardó dos años en cobrar. Gracias a la excepcional colección de documentos relacionados directamente con el cretense que tenemos en nuestro archivo, podemos conocer algunos de estos aspectos de la creación artística, en verdad poco glamurosos pero imprescindibles.

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  Firma del Greco

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  «La Anunciación», del Greco. Foto Rodríguez

En concreto, dentro de nuestros protocolos notariales encontramos hasta nueve documentos relativos a la contratación y pago de esta obra; cinco de ellos llevan la firma autógrafa del Greco y otros dos de Jorge Manuel. Aquí solo vamos a presentar algunos; si queréis conocerlos todos, podéis consultar el excelente catálogo que hicieron nuestros compañeros Mª Eugenia Alguacil y Carlos Mas.

Encargo del retablo de Illescas al Greco

Todo empezó con el encargo que el Consejo Arzobispal hizo al artista y a su hijo Jorge Manuel (que, como veremos, será el principal agente de su padre en este asunto) de “la obra de un retablo que se ha de hacer para la capilla mayor del hospital de Nuestra Señora de la Caridad de la villa de Illescas”. Era el 25 de junio de 1603. Pocos días después Doménico ratificará el contrato ante el párroco de Illescas y ante el mayordomo y la cofradía de la Caridad. Además dará carta de pago de haber recibido “los recaudos necesarios”, es decir, la cantidad que el contratante le adelanta para que pueda iniciar los trabajos: 2.200 reales, unos 15.000 €.

Poder del Greco a Jorge Manuel para cobrar el retablo de Illescas

Dos años después el encargo estaba terminado, porque el 19 de julio de 1605 el artista da poder a Jorge Manuel y a Diego de Angulo para que acuerden “la paga del retablo que tengo hecho, acabado y asentado para la imagen de Nuestra Señora de la Caridad de la dicha villa”, firmando de su propia mano.

Acuerdo para el pago del retablo de Illescas y firma del Greco en la ratificación

Al igual que ocurrió con el famoso caso de “El entierro del señor de Orgaz”, también aquí hubo desacuerdo sobre el valor de la obra, y ambas partes (el artista y la cofradía propietaria del Hospital) fueron a juicio ante el tribunal arzobispal. Pero en esta ocasión no hizo falta sentencia, porque llegaron a un acuerdo el 19 de marzo de 1607: la cofradía pagará “un quento [un millón] de maravedís”, unos 200.000 €, incluyendo aquí todo lo que le haya sido entregado ya a cuenta. Desde luego, es una bonita cantidad, que se abonará en varios plazos antes de la Navidad del año siguiente. Se menciona al último tasador de las obras, llamado Martín Gómez Mejías. En nombre del Greco firman tanto Jorge Manuel como el doctor Diego de Angulo, y por parte de la cofradía su prioste Luis Núñez de León. Diez días después el maestro ratificará el acuerdo con su firma.

Firma de Jorge Manuel Theotocópuli en la obligación del pago de la madera del retablo de Illescas

Hay que tener en cuenta que el artista asumía todos los gastos, incluyendo los de otros profesionales que necesitase, aunque en las condiciones del contrato se insiste en que no debe “subcontratar” los trabajos principales, es decir, la propia pintura. Y así, tenemos el documento de obligación que firma el 11 de agosto de 1607 Jorge Manuel para pagar al maderero Simón Téllez, de Toledo, que proporcionó la madera del retablo 2.500 reales, es decir, unos 17.000 €. Observad que estos artesanos solo cobran cuando lo haya hecho el artista principal, con lo que los retrasos en los pagos afectaban no solo al artista principal y a su taller, sino también a una serie de artesanos secundarios. En fin, nada que no ocurra hoy también.

¡AMPLIAMOS NUESTRO HORARIO!

A partir de la semana que viene ya podemos volver a abrir en nuestro horario habitual, que hasta ahora teníamos algo acortado. De esta manera, estaremos a vuestra disposición los lunes, jueves y viernes de 9:00 a 14:00 horas y los martes y miércoles ininterrumpidamente de 9:00 a 19:00 horas. Os esperamos

LOS VOLUNTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE TOLEDO EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

En agosto de 1808 muchas partes de España se habían rebelado ya contra la invasión francesa, pero de forma todavía poco organizada. Como es sabido, se habían ido formando Juntas Provinciales que solo en septiembre de ese año convergerán en una Junta Suprema que se constituyó en Aranjuez. Mientras tanto, se iban organizando distintas formas de resistencia armada, entre ellas el “Batallón de Voluntarios de Honor de la Universidad de Toledo”.

En efecto, en el mismo mes de mayo de 1808 se emite una proclama animando a todos los miembros de la Universidad a constituirse en unidad militar para combatir a los franceses. Los voluntarios deberán presentarse a hora y días determinados ante los profesores designados e inscribirse consignando sus datos personales en una papeleta. Conservamos un buen número de estas papeletas. La proclama, por su parte, otorgaba importantes beneficios académicos a los estudiantes voluntarios.

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En agosto empezó la organización formal de todo este grupo de voluntarios. El claustro universitario elaboró dos planes de actuación consecutivos, uno para la Junta Provincial de Toledo y otro para la Junta Central, ubicada en Aranjuez, pero solo recibió contestación de esta última. El batallón lo formaron unos 300 voluntarios (la mitad de los previstos), a los que en noviembre se dieron mandos adecuados, con el marqués de Zevallos a la cabeza. Por cierto, que no hemos conseguido averiguar nada más sobre este título nobiliario, de manera que todas las sugerencias serán bienvenidas. En todo caso, solo unos días después recibió su primer encargo: escoltar a la Junta Central desde Aranjuez a Sevilla, a donde se trasladaba huyendo de la presión napoleónica.

En la capital andaluza el Batallón recibió sus primeras nociones mínimas de técnica militar, y sus progresos fueron tan grandes que sirvieron de base para la constitución de una Academia Militar en regla, que se inauguraría en diciembre de 1809. Pero casi enseguida hubieron de volver a trasladarse, esta vez a la Isla de León (hoy San Fernando, en Cádiz), de nuevo huyendo de los franceses. En abril de 1810 se pudieron reanudar las clases y, a la vez, se decidió la disolución del batallón. La mayor parte de sus miembros continuaron sus estudios en la Academia, y el resto se incorporó a otras unidades militares. Pero su recuerdo perduró.

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En abril de 1815 el Inspector General de Infantería pide informe a las autoridades de Toledo sobre todas las unidades que se hubiesen levantado contra la invasión francesa, en el marco de una campaña para recoger los testimonios de “tan loable revolución”. En mayo, el Comandante Militar transmite esta petición a la Universidad, y el resultado es un extenso informe, cuyo borrador conservamos, elaborado por varios profesores y aprobado por el Claustro en septiembre. Este informe es una fuente básica para conocer la historia de esta peculiar unidad militar, pero, además, conservamos las detalladas cuentas que se presentaron en noviembre de 1816 y que fueron aprobadas por el claustro el mes siguiente. Sin entrar en detalles, el resumen es que la Universidad gastó 14.228 reales pero había ingresado 15.247, es decir, obtuvo un beneficio de algo más de 1.000 reales. Como curiosidad, digamos que el mayor ingreso fue una aportación de un estudiante al que se eximió de alistarse en el ejército regular a cambio de integrarse en el Batallón, y aportó nada menos que 5.000 reales. Por otro lado, el gasto mayor fueron los casi 3.000 reales pagados al comerciante Santiago Rojo por los botones de los uniformes, como consta por su correspondiente factura.

LA JUNTA DE PROTECCIÓN DE MENORES

Los primeros años del siglo pasado contemplaron en España los inicios de lo que podríamos llamar la protección social. Ya os hemos hablado de algunos de los organismos creados en estos años para proteger a colectivos considerados más desfavorecidos: el Patronato de Protección a la Mujer, Los Institutos Provinciales de Higiene o las Mancomunidades Sanitarias. Hoy os queremos contar la historia de otro de esos organismos: La Junta de Protección de Menores.

En 1904 se crea un “Consejo Superior de Protección a la Infancia y Extinción de la Mendicidad”, que contará con las correspondientes Juntas provinciales, pero en realidad estos organismos no empezarán a funcionar hasta 1908, cuando se publique su reglamento. Es interesante repasar algunas de las funciones que se le atribuyen: protección y amparo de la mujer embarazada; reglamentación de la “lactancia mercenaria”; investigación de los daños o explotaciones de que puedan ser objeto los niños con padres o sin ellos; amparo de los niños “moralmente abandonados”; protección paternal de “los llamados rebeldes, incorregibles o delincuentes”; cuidado de la educación e instrucción de “los llamados anormales”, o la creación de una Liga Internacional de Protección a la Infancia.

La Junta provincial de Toledo se constituyó en marzo del mismo 1908. Era bastante numerosa y compleja, con una Comisión permanente y varias secciones. Entre sus componentes, además de representantes de las instituciones, encontramos diferentes asociaciones profesionales y sociales y personalidades como el antropólogo Luis de Hoyos, catedrático del Instituto, creador del Parque Escolar y, además, propietario del primer coche matriculado en nuestra provincia.

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Como sucede casi siempre, uno de los principales problemas de la Junta era el económico. Los subsidios estatales, muy magros o incluso inexistentes, trataban de compensarse con donativos que siempre resultaban insuficientes. Especialmente preocupante era el mantenimiento de los niños acogidos en las diferentes casas al cargo directo de la Junta, para los que su presidente no cesaba de regatear con proveedores y de buscar mejores precios. Aquí tenemos las quejas de uno de los proveedores, al que no le salen las cuentas, así como la oferta de la empresa vizcaína “los Pirineos”, pionera en productos lácteos en España. Y eso que las raciones no eran especialmente abundantes, como se refleja en este documento de 1920 aproximadamente.

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La salvación llegó en 1911, cuando se instauró un nuevo impuesto del 5 % sobre la taquilla de teatros, cines, bailes y espectáculos públicos que iría destinado precisamente a esta Junta, quien quedó encargada de su gestión y recaudación. De este modo, la documentación adquiere un nuevo interés. Además de servir para el estudio de la situación de los menores, sirve para conocer algunos aspectos de la vida cultural hasta los años 80. Por ejemplo, aquí tenemos una lista de estas actividades en la provincia en 1950, reducidas a cines y bailes (en la lista no aparecen ni Toledo ni Talavera de la Reina); o el detalle de las entradas vendidas un martes de noviembre de 1915 en el Teatro de Rojas de Toledo: solo se vendieron la mitad de las entradas.

La Junta de Protección de Menores permaneció activa, con pocos cambios, hasta la llegada de las Comunidades Autónomas. En febrero de 1985 la de Toledo es traspasada a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, momento en que se produce una cierta confusión, como se refleja en este telegrama. De todos modos, este organismo sería suprimido en nuestra región en noviembre de ese mismo año, pasando sus funciones y medios a la Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo.