LOS JURADOS DE EMPRESA

Los Jurados de Empresa se crean en agosto de 1945 y fueron una de las concreciones más claras del concepto franquista de las relaciones laborales. Se conciben como “la representación genuina de los elementos que integran la producción ante la Empresa, los Sindicatos y el Estado” y debía existir uno en cada empresa de más de 50 trabajadores, aunque este número varió a lo largo del tiempo. En resumen, se trataba de los órganos que canalizaban la participación (controlada, por supuesto) de los trabajadores en la gestión de la empresa. Estaban presididos por el dueño o gerente de la empresa y sus miembros eran elegidos por los diferentes grupos profesionales de trabajadores. En las empresas más pequeñas, o como primer escalón de representación en las más grandes, existían también los “enlaces sindicales”. En 1953 se reguló detalladamente su funcionamiento y en 1958 se les encomendó participar en las negociaciones de los convenios colectivos. Los Jurados de Empresa fueron suprimidos por el Estatuto de los Trabajadores de 1980, que encomienda la representación laboral a los Comités de Empresa.

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  Toma de posesión de Jurados de Empresa en Talavera de la Reina

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  Toma de posesión de Jurados de Empresa en Talavera de la Reina

Por su propia naturaleza, la documentación de los Jurados de Empresa debería conservarse en los fondos de cada una de las empresas. Sin embargo, el control que ejercía sobre ellos la Delegación Provincial de Sindicatos hizo que mucha de su documentación haya acabado en el fondo documental de esta institución. Por ejemplo, estas fotografías, que acompañan a un informe sobre un acto celebrado en Talavera de la Reina en diciembre de 1974 con ocasión de la toma de posesión de los Jurados de determinadas empresas de la comarca.

Acta de reunión del Jurado de Empresa del Salto de Castrejón

Entre los documentos enviados a la Delegación se encuentran las actas de las reuniones de los Jurados. En general, estas actas son muy breves y, además de su contenido explícito, transmiten una sensación de tranquilidad laboral que a veces nos sorprende. Por ejemplo, esta del jurado de la empresa “Salto de Castrejón”, de La Puebla de Montalbán, donde se plantea nada menos que el despido de todo el personal por fin de obra en 1966 (se refiere, evidentemente, a la construcción del pantano del mismo nombre). La reunión, según el acta, duró apenas una hora y nadie, por lo visto, hizo ningún comentario digno de mención.

Informe sobre elecciones de Jurados de Empresa

Pero los conflictos se presentan, aunque a veces haya que leerlos entre líneas. En las elecciones de 1960 a jurados de la empresa “Cementos Hispania”, de Yeles, hubo más de cincuenta papeletas en blanco. El funcionario que informa de esta y otras elecciones a sus mandos en Madrid atribuye esta circunstancia a que los trabajadores “son de una gran incultura que repercute en una abulia que da como resultado la indiferencia”, tanto más, según el informante, que esta abstención se ha producido en el sector de “peones de cantera”.

Fragmento de Hoja Informativa sindical

En los últimos los del franquismo los conflictos son ya más evidentes. Así, en la “Hoja Informativa” que el Sindicato Nacional de Transportes y Comunicaciones elaboró de forma especial para los trabajadores de RENFE en marzo de 1973, después de tratar aspectos salariales y de organización del trabajo, su presidente añade una apostilla sobre ciertos rumores relativos a su actuación personal. Desde luego, el texto merece la pena.

TODOS LOS OBREROS

Como todas las dictaduras, la de Franco puso especial interés en el control ideológico de la población, es decir, en mantener bien localizadas a todas las personas que pudiesen ser sospechosas de pensar de manera diferente. En particular, los trabajadores de grandes empresas fueron uno de los colectivos más vigilados en este sentido. El principal instrumento para ello era la Organización Sindical, pero en ocasiones no se dudaba en acudir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En marzo de 1959 el gobernador civil de Toledo ordenó a todos los puestos de la Guardia Civil y a las comisarías de Policía de la provincia que hicieran un informe individualizado de la situación ideológica de todos y cada uno de los trabajadores de empresas de más de 20 empleados, con el fin de “tener en todo momento un exacto control de las masas obreras que trabajan en esta provincia de mi mando”. El señor gobernador no podía ser más expresivo.

El resultado es un impresionante expediente de más de 400 páginas donde se registran no solo los datos personales básicos de todas estas personas, sino también una breve (o no tanto) indicación de su ideología y de su comportamiento. Especial atención merecieron los colonos vinculados al Instituto Nacional de Colonización, muchas veces forasteros y para los que no se dudaba en pedir informe individualizado a su provincia de origen, como este de un oriundo de Villacastín (Segovia).

La mayoría de los informes hablan de personas de buena conducta, indiferentes en política o bien definidos como “adictos” al régimen, lo que muchas veces simplemente quería decir que asumían la situación con docilidad. Pero, como cabía esperar, de vez en cuando aparecen ciudadanos que han llamado la atención por algún motivo. Por supuesto, los antecedentes políticos, a veces de treinta años atrás, son un motivo principal para sospechar del trabajador. En este informe de una empresa de Esquivias se aprecia cómo se señala a los trabajadores “desafectos”.

Pero también se registran con puntualidad los cazadores furtivos o los delincuentes comunes.

Además de permitirnos conocer mejor los intríngulis del régimen franquista, esta documentación nos presenta un panorama muy preciso de la población trabajadora de la provincia, desde las grandes empresas a las más pequeñas, como se aprecia en este ordenado informe de Torrijos.

A veces incluso se incluye un breve resumen, como este correspondiente a Villacañas.

Por cierto, que la empresa más grande de la provincia es, sin duda, la cementera Asland, de Villaluenga de  la Sagra, cuyo informe ocupa 28 páginas de apretada mecanografía. En ella, también, se encuentra una inusual proporción de trabajadores considerados más o menos “sospechosos” por sus actividades antes y durante la guerra civil. Incluso su director técnico en Yeles, Antonio Sarabia, persona de prestigio en el campo de la ingeniería civil y a quien los agentes tratan respetuosamente de “don”, no puede hacer olvidar sus antecedentes políticos, a pesar de su buena conducta y de que “se muestra muy religioso y afecto al régimen actual”.

Por último, no podemos dejar de mencionar la eficacia de la Guardia Civil en esta tarea: la orden del Gobernador Civil lleva fecha del 11 de febrero, y a finales del mismo mes la mayoría de los puestos ya habían terminado sus informes, a veces bastante largos.