LA CAPITAL DE LA REGIÓN

La capital de Castilla-La Mancha es Toledo. Hoy esto nos parece una obviedad, pero no siempre fue tan evidente. De hecho, durante el período de construcción del actual Estado de las autonomías y, por tanto, de nuestra Comunidad, se produjeron algunos debates sobre la capitalidad de la región que se han reflejado en nuestra documentación. En concreto, los hemos encontrado en las copias de actas de los plenos municipales que, según la legislación de la época, debían enviar los Ayuntamientos al Gobierno Civil.

Certificado de acuerdo municipal de Ocaña (1980)

En abril de 1980 el alcalde de Ocaña alude ante el pleno municipal a “la disputa en torno a la capitalidad [de la región castellano-manchega] por las actuales capitales de provincia”. Es decir, que cada una de las cinco capitales pretendía encabezar la futura región autónoma. Así las cosas, propone que sea la localidad ocañense la agraciada, como una especie de solución salomónica entre las capitales de provincia. Además, se invoca la facilidad de comunicaciones y las posibilidades de expansión urbanística al haberse aprobado la normativa correspondiente. No parecen unos argumentos de demasiado peso, pero, animosamente, la propuesta es aprobada por unanimidad y se envía a las autoridades provinciales y al presidente del entonces ente preautonómico.

Certificado de acuerdo municipal de Montesclaros (1983)

Tres años y medio después, en octubre de 1983, las cosas eran muy diferentes. Se había aprobado el Estatuto de Autonomía que, como es sabido, no hace ninguna referencia a la capitalidad aunque sí atribuye a las Cortes regionales “la fijación de la sede las instituciones regionales”. Pero, de hecho, tanto las propias Cortes regionales como la Presidencia y las consejerías de la incipiente Junta de Comunidades se habían establecido ya en Toledo. De modo que el parlamento regional empezó a tramitar la ley en cuestión, evitando cuidadosamente hablar de “capital”. La Administración regional pidió opinión a los ayuntamientos, y nosotros conservamos algunas de las respuestas, de acuerdo con las actas de los plenos municipales. Todas ellas apuntan sin dudar a Toledo como capital, aunque cada una aporta sus propios detalles. Así, el breve acuerdo de Montesclaros alude, temeroso, a la posibilidad de trasladarla a alguna otra provincia.

Certificado de acuerdo municipal de Sonseca(1983)

En Sonseca la propuesta se basa en “el sentido histórico de nuestra capital” y se hace constar la opinión contraria de un concejal, que cree que Toledo está demasiado excéntrica del conjunto de la región.

Certificado de acuerdo municipal de Los Navalucillos(1983)

Más detalladas son las actas de Los Navalucillos y de Villafranca de los Caballeros. En el primer caso consta que la propuesta partió del grupo municipal socialista, que también se apoya en argumentos “de tipo histórico, cultural y de proyección internacional” sin mayores precisiones.

Certificado de acuerdo municipal de Villafranca de los Caballeros (1983)

También en Villafranca los concejales del PSOE presentaron una moción exactamente en los mismos términos que la de Los Navalucillos, en lo que, evidentemente, es una acción concertada que sin duda se extendió a otros municipios. Pero lo más interesante de este caso es que se añade una moción paralela del grupo Popular que aporta argumentos diferentes, como la supuesta capitalidad de España “desde Leovigildo hasta Felipe II”, la Escuela de Traductores o la no menos presunta convivencia de árabes, judíos y cristianos. También se insiste en la ciudad de Toledo como símbolo de la unidad nacional desde la conversión de Recaredo, para terminar con una conocida cita de Cervantes. Además de buena voluntad, hay que reconocer al concejal “popular” su capacidad retórica.

TENSIÓN EN LA TRANSICIÓN

Cuando la autoridad tiene que recoger pasquines, carteles, folletos u hojas volanderas más o menos amenazantes o subversivas, es síntoma de tiempos revueltos. En otras ocasiones hemos hablado de algunos de estos casos, como Orgaz en 1878 o Puente del Arzobispo y Alcaudete de la Jara en 1976. Ahora volvemos a la Transición para contar el caso del alcalde de Los Navalmorales, que aparece en un expediente del fondo del Gobierno Civil.

Cartel contra el alcalde de Los Navalmorales (1976)

El 12 de octubre de 1976, en efecto, aparecieron en el pueblo este cartel y otros tres similares. Al día siguiente, el alcalde informa del hecho al Gobernador Civil y también dice que sospecha de “los cabecillas o promotores” de una manifestación celebrada apenas un mes antes. Es evidente que, en vísperas de las fiestas del Cristo de las Maravillas y apenas a un año de la muerte de Franco, el ambiente estaba caldeado.

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  Certificado de ausencias de un concejal

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  Informe al Gobernador Civil

Hay que tener en cuenta que el referéndum para aprobar la Ley de Reforma Política estaba previsto para diciembre de ese mismo año, y probablemente las protestas de carácter local deban interpretarse dentro de un ambiente de nerviosismo generalizado por los cambios que se avecinaban. El propio cartel alude a que el alcalde no ha sido elegido por los vecinos: las primeras elecciones municipales libres no se celebrarán hasta 1979. En todo caso, no se trataba de un hecho aislado, sino que la tensión ya era patente algunos días antes. En efecto, en el pleno municipal del 4 de octubre de ese mismo año se había cesado a un concejal por faltar repetidamente a los plenos municipales: nada menos que once faltas en un año. Cinco días después, el alcalde informa de forma un tanto confusa al Gobernador Civil de las disputas entre él y varios concejales, incluyendo el ausente, cuyo cese será confirmado enseguida, y aprovecha para pedir que se acepte su dimisión. Una nota manuscrita fechada el día 13 nos dice que al alcalde se le concedió permiso de un mes, seguramente para su tranquilidad y para calmar los ánimos del pueblo.

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  Petición reiterada de dimisión del alcalde

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  Nota sobre permiso al alcalde

Parece que efectivamente las aguas volvieron a su cauce. Todavía el día 19 de octubre el alcalde se queja de que su dimisión aún no ha sido aceptada, y alega no estar en condiciones de ejercer el cargo. Hay que reconocer que estaba sometido a bastante tensión. Sin duda, el Gobernador acabó accediendo, porque los documentos posteriores del expediente ya corresponden a los trámites entonces necesarios para nombrar un nuevo alcalde. Finalmente, sabemos por este artículo de Javier Gallardo que el pueblo acabó teniendo un alcalde interino al menos hasta octubre de 1977.

LA MANCHA TOLEDANA EN 1976

Hace un par de semanas compartimos con vosotros algunos panfletos de propaganda contraria al referéndum para la reforma política de diciembre de 1976, que podéis ver en la exposición que permanecerá en nuestra Sala de Exposiciones al menos hasta mediados de julio. Hoy volvemos con la preparación del mismo referéndum con otros documentos que también forman parte de esta exposición.

Era la primera consulta realizada en condiciones de libertad desde cuarenta años atrás, y el Gobierno puso todo su interés tanto en su celebración como en alcanzar un resultado favorable. En esta operación, los Gobiernos Civiles jugaron un papel determinante, como intermediarios necesarios entre el poder central y la población. Durante los meses previos a la celebración de la votación se enviaron instrucciones precisas sobre la intendencia necesaria pero, más que nada, sobre la forma de animar a los ciudadanos a votar, y a votar “sí”. Ya desde varios meses antes el Gobernador Civil de Toledo había dejado claro a los alcaldes cual era la postura oficial, como se observa en el borrador, corregido a mano, de la nota circular enviada al efecto.

Al acercarse la fecha del referéndum, los esfuerzos de propaganda se redoblaron. Apenas cinco días antes, el 10 de diciembre, dos funcionarios de la Delegación Provincial del Ministerio de Información y Turismo, nombrados al efecto, iniciaron una gira por la comarca de La Mancha toledana para comprobar de primera mano hasta qué punto los ayuntamientos se habían comprometido efectivamente con la causa. El viaje duraría dos días durante los que recorrieron 34 pueblos y 217 kilómetros. El informe resultante, fechado el 13 de diciembre (es decir, el día previo a la jornada de reflexión), puede considerarse una magnífica “fotografía” de la situación de esta zona rural en ese momento tan delicado. Con un tono neutro y objetivo, pero también riguroso, los dos “inspectores” (así se designan ellos mismos) desgranan, en cada pueblo, si hay o no propaganda favorable distribuida por la localidad, si las autoridades se muestran colaboradoras e incluso, cuando procede, si se detecta propaganda contraria. Concluyen que la mayor resistencia puede encontrarse a lo largo de la carretera de Andalucía, probablemente por influencia de Aranjuez, donde creen que puede estar el foco de la propaganda contraria al referéndum. También advierten de que durante la tarde del primer día de viaje parecieron encontrarse con ayuntamientos ya prevenidos y, por tanto, dispuestos a fingir ante los enviados de la Superioridad. En ningún momento aluden a situaciones de violencia o de tensión pública, y apenas reseñan algunas pintadas contrarias al referéndum, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda. Solo en Villarrubia de Santiago y Villafranca de los Caballeros la actitud  municipal merece el calificativo de “muy mala”, siempre en referencia a la difusión de publicidad gubernamental. Podemos señalar también que en La Guardia encontraron panfletos similares a los que os presentamos hace unos días y que procedían del otro extremo de la provincia. En resumen, la situación general es de buena predisposición pero cierta desorientación.

Debe recordarse que la muerte de Franco sucedió apenas un año antes, y que el referéndum tenía como objeto liquidar toda la estructura política franquista. En estas circunstancias, la tranquilidad algo confusa que se desprende de este informe en una zona rural como el oriente toledano, que formaría parte de lo que se suele denominar “la España profunda”, ilustra perfectamente la forma en que el pueblo español, en su conjunto y más allá de los líderes políticos y sociales, afrontó el fin de una larga dictadura y la construcción de la democracia.

EN CONTRA DEL REFERÉNDUM POR LA REFORMA POLÍTICA

Una de las varias actividades que se acumulan estos días en relación con nuestro archivo es la exposición “40 años de la Constitución de 1978. Su reflejo en los archivos de Castilla-La Mancha”, con una selección de documentos relacionados con la transición política procedentes de varios archivos de nuestra región, especialmente los cinco Archivos Históricos Provinciales. La muestra, organizada por la Viceconsejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se inauguró el pasado día 6 y permanecerá en nuestra Sala de Exposiciones hasta mediados del mes de julio, cuando iniciará una gira por los demás AHP y por otros archivos de la región. Se ha realizado también una exposición virtual que podéis ver aquí.

De entre los documentos que se reproducen en esta exposición hoy queremos destacar estos tres panfletos en los que el Partido del Trabajo de España anima a no participar en el referéndum sobre la reforma política convocado para diciembre de 1976. Tratemos de contextualizarlos un poco.

Los tres se incluyen en un abultado expediente que el Gobierno Civil de Toledo formó con los preparativos y antecedentes de este referéndum. La Guardia Civil recogió estos papeles en Puente del Arzobispo y Alcaudete de la Jara el 9 de diciembre, apenas una semana antes de la convocatoria. En apariencia, el Gobierno Civil se limitó a tomar nota, a pesar de que la organización firmante era ilegal.

En efecto, el Partido del Trabajo de España había sido fundado en 1967, como una escisión del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), por entonces federado con el Partido Comunista de España. El nuevo grupo, liderado por Eladio García Castro, consiguió atraer a otros colectivos también escindidos del PCE y adoptaron el nombre de «Partido Comunista de España (internacional)», de ideología marxista-leninista y maoísta. En 1975 cambió su nombre por el de Partido del Trabajo de España. En 1977, aún en la ilegalidad, participó en las primeras elecciones democráticas en coalición con otros partidos, con resultados muy modestos. En 1979 el partido fue legalizado y pocos meses después se fusionó con la Organización Revolucionaria de Trabajadores, formándose el “Partido de los Trabajadores”, que a su vez desaparecería en 1980. No obstante, se ha refundado en 2009 bajo el nombre de “Partido de los Trabajadores de España”.

En cuanto al referéndum para la reforma política, fue la primera consulta celebrada en democracia en España desde 1936. Se preguntaba a los ciudadanos si aprobaban el proyecto de ley para la reforma política. Esta ley fue elaborada al amparo del sistema político franquista, pero estaba destinada a su liquidación y su sustitución por otro democrático, incluyendo la elaboración de una Constitución. Precisamente este origen en las instituciones franquistas es la base de la crítica que se expresa en estos documentos. Aun así, el referéndum, destinado a ratificar la aprobación de esta Ley en las Cortes, obtuvo un resultado abrumador en el conjunto de España: con una participación de casi el 78 %, el “sí” consiguió más del 94 % de los votos. En la provincia de Toledo, el 85 % de los censados acudieron a votar, de manera que la campaña del PTE no pareció calar demasiado en la población. No obstante, también hay que señalar que nuestra provincia fue, junto con Cantabria, la única provincia donde el “no” superó el 5 % de los votos.