RECUPERAR LAS «CASAS DEL PUEBLO»

Uno de los muchos temas espinosos que hubo que abordar durante la Transición fue la restitución de bienes incautados por la administración franquista durante y después de la guerra civil, en especial los inmuebles. Hoy os traemos tres ejemplos que hemos encontrado entre la documentación del Gobierno Civil y que afectan a sendas “Casas del Pueblo”, reclamadas en los primeros meses de 1978.

Oficio del alcalde de Lagartera al Gobernador Civil sobre la «Casa del Pueblo»

Como es sabido, “Casas del Pueblo” es el nombre que recibían y siguen recibiendo los locales de las agrupaciones del PSOE y de la UGT. Algunas de ellas se fundaron antes de la legalización del partido o del sindicato, camufladas como sociedades recreativas o de socorro mutuo. Este fue el caso de la Casa del Pueblo de Lagartera, como se explica en este vídeo electoral producido en 2011. Precisamente este local lagarterano se reclamó en febrero de 1978. Es el alcalde de la localidad quien informa al Gobernador Civil de la reclamación, que, por lo visto, provenía de la organización del partido en la provincia y no tanto de los afiliados locales. El alcalde, prudente, afirma no tener inconveniente, pero antes quiere recibir instrucciones de la superioridad. Y esta, al margen, decide “que este centro [el Gobierno Civil] estudie el tema y que espere a que le manden instrucciones”.

• 

  Oficio del alcalde de Gálvez al Gobernador civil sobre la «Casa del Pueblo»

• 

  Solicitud de la UGT provincial al alcalde de Gálvez sobre la «Casa del Pueblo»

No era la primera reclamación de este tipo que llegaba al gobierno provincial. A mediados de enero ya se había dirigido allí el alcalde de Gálvez mediante un escrito que aporta algunos detalles interesantes. Así, incluye una fotocopia de la petición que, a su vez, había recibido desde la “Comisión Ejecutiva Provincial” de la UGT, lo que confirma el “modus operandi” que habíamos visto ya en el caso anterior. En este caso el sindicato pide la cesión de una parte de la antigua Casa del Pueblo para celebrar sus reuniones en tanto se soluciona toda la cuestión de la restitución de las sedes socialistas, alegando que el edificio había sido incautado en su día por FET y de las JONS. Por su parte, el alcalde informa que en algún momento posterior el edificio fue entregado a la Hermandad Sindical de la localidad —es decir, la sede local de los Sindicatos Verticales— y que luego una parte fue a su vez cedida al Ayuntamiento para instalar allí un centro para ancianos. El alcalde dispone, naturalmente, de las llaves de este último local, pero no de las del resto del edificio. La respuesta del Gobierno Civil es la misma: no hacer nada y esperar.

Petición de los militantes socialistas de Gálvez al Gobernador Civil sobre la «Casa del Pueblo»

Pero en esta ocasión los militantes socialistas se impacientan y a principios de marzo se dirigen directamente al Gobernador Civil para que ordene al alcalde que les proporcione las llaves del local, con la fuerza de todas sus firmas. No obstante, la respuesta del gobernador, de nuevo al margen, es prácticamente la misma: “acusar recibo y decirles se mantienen contactos a nivel provincial y nacional sobre el tema”.

Petición de los militantes socialistas al alcalde de Turleque sobre la «Casa del Pueblo»

El asunto se dilata. A finales de abril es el alcalde de Turleque el que se dirige al Gobierno Civil para el mismo asunto. La respuesta es la previsible: “contestar al igual que en otras ocasiones”. En este caso el alcalde aporta copia de un escrito que le habían remitido los militantes de la localidad nada menos que cuatro meses antes —es decir, más o menos en las mismas fechas que sus compañeros de Lagartera o de Gálvez—, aunque la fecha del registro de entrada en el Ayuntamiento es de 21 de abril. En todo caso, el escrito de los turlequeños es mucho más breve pero también más directo, pidiendo la restitución de la casa entera al considerarse “legítimos propietarios” y con “la misma simplicidad que se empleó para ocuparla”. Aquí acaba nuestra documentación en estos casos, pero la cuestión general de la restitución de este tipo de bienes todavía se dilataría algunos años.

EN LOS INICIOS DEL SOCIALISMO MANCHEGO

El 2 de diciembre de 1902 Nicanor de Gracia fue detenido en Mora, acusado de reunión ilegal. El día anterior el alcalde de la localidad manchega había declarado ante el juez municipal que el 30 de noviembre hacia las dos de la tarde se había celebrado en casa de Juan Manuel Moreno Díaz “el Moteño” “una reunión clandestina, al parecer de carácter socialista, y en la cual parece ser que se habló entre los gañanes y jornaleros a ella asistentes de subida de jornales y de rebaja de horas de trabajo”; asistirían unas treinta personas. No se sabía quién organizó la reunión, pero en ella se había leído una extensa carta firmada por Manuel Reyes y dirigida al citado Nicanor. En su detención se le encontró, en efecto, esa carta, junto con otros documentos, además de dos ejemplares de la vigente Ley de Asociaciones.

• 

• 

Este proceso nos permite acercarnos a los pormenores de los primeros tiempos de la organización de partidos políticos de izquierda en una zona rural como es la Mancha toledana. En concreto, se trata de la formación de una “Sociedad Obrera” vinculada al Partido Socialista Obrero Español, del que, efectivamente, Manuel Reyes era en ese momento uno de los dirigentes más destacados. Su carta, de la que os presentamos solo el principio y el final, además de animar a la constitución efectiva de la sociedad y hacer otras exhortaciones políticas, incluye detalladas instrucciones para que pueda celebrarse la reunión constitutiva de la Sociedad y esta pueda empezar a funcionar legalmente. El destinatario, Nicanor de Gracia, también fue un destacado activista y llegaría a ser concejal pocos años después. Sobre los primeros años del socialismo en Mora podéis consultar el estupendo artículo de Esteban Gutiérrez en su blog “Memoria de Mora”.

Pero volvamos a nuestros documentos y resumamos el asunto. Lo que ocurrió fue que los campesinos morachos desconfiaban de que el alcalde autorizase la reunión, así que la celebraron sin su conocimiento oficial, lo que, además de ser ilegal, afectó sin duda al amor propio del regidor.  Los interrogatorios judiciales subsiguientes proporcionan abundante información sobre el tipo de trabajadores convocados, lo que cada uno de ellos entendió —o dijo entender— de lo tratado en la reunión, sus motivos para acudir y la forma en que se organiza esta especie de embrión de asociación. Pero nos hemos fijado en este caso en la forma en que el juez moracho, llamado Juan Martín del Campo, llevó el asunto.

En cuanto acabó de tomar declaración a los principales afectados, envió el caso al juzgado superior, el de Instrucción de Orgaz, que a su vez informó a la Audiencia Provincial. Ambos juzgados pidieron al juez municipal que ampliase sus actuaciones, pero este dejó pasar varias semanas sin contestar, pese a que se lo pidieron con insistencia. Cuando al fin contesta, el 18 de enero de 1903, justifica su retraso por dos motivos. Por un lado, en el pueblo se corría el rumor de que el alcalde tenía mucho interés en solucionar pronto el asunto con un castigo a los organizadores de la reunión, de modo que el juez consideró que no era bueno dar la impresión de que, con una excesiva celeridad, en realidad se le estuviese dando un trato de favor. Por otro lado, le pareció conveniente dejar pasar unos días para que las aguas se remansasen. Y así fue: los afectados pidieron al alcalde la preceptiva autorización, aunque fuera de plazo, y ambas partes pudieron hablar directamente “constándome —dice don Juan—que se han amortiguado sensiblemente las prevenciones que se tenían entre dicha autoridad [sic]”. Con ello, el caso fue sobreseído, la asociación legalizada y todo el asunto terminó pacíficamente. No podemos menos que alabar el sentido común y el conocimiento de sus convecinos que demuestra este juez de pueblo.