TRES HERMANAS MILICIANAS

Hace pocos días vimos en las redes sociales una conocida fotografía de una mujer rodeada de milicianos, tomada en Guadamur el 16 de agosto de 1936. El Museo Virtual de la Mujer Combatiente afirma haber identificado a la mujer que aparece, aunque lo cierto es que ya en 2012 había sido reconocida en otra red social. El caso es que se trata de Adelaida Lozano Gómez. Nos entró curiosidad, y descubrimos que en el fondo de la Prisión Provincial de Toledo tenemos su expediente de presa que, hasta donde sabemos, no ha sido utilizado por los investigadores. No solo eso, sino que también tenemos los expedientes de sus dos hermanas, Martina y Dolores. Y, naturalmente, en las cercanías del Día de la Mujer, no podíamos dejar de contar su historia.

Expediente de presa de Martina Lozano Gómez, (fragmento)
Expediente de presa de Martina Lozano Gómez (fragmento)

De las tres hermanas, la mayor es Martina, nacida en 1899 en Corral de Almaguer, de donde sigue siendo vecina cuarenta años después. En ese momento está casada con Juan García y tiene cuatro hijos. Ingresó en la “Prisión Depósito Municipal” de Quintanar de la Orden el 10 de mayo de 1939, es decir, a los pocos días de finalizar la guerra y fue acusada de “rebelión”. Se le hizo Consejo de Guerra el 1 de julio siguiente. Gracias a la base de datos de la web combatientes.es hemos averiguado que el expediente de conmutación de su pena (suponemos que de la de muerte a la de cadena perpetua) se encuentra actualmente en el Archivo General Militar de Guadalajara. El 8 de enero de 1940 es enviada a la Prisión Provincial de Toledo, de donde saldría dos días después con destino a la Prisión Central de Mujeres de Durango. No sabemos cuándo llegó allí, pero según la investigadora Ascensión Badiola, que utiliza documentos del Archivo Histórico Provincial de Bizkaia, murió en la prisión de Amorebieta el 13 de diciembre de 1941.

Dolores Lozano Gómez había nacido en Villa de Don Fadrique en 1910, pero era vecina de Corral de Almaguer, como sus hermanas. Su historia, en la parte que conocemos, es idéntica a la de su hermana mayor, de manera que fue detenida el mismo día, ingresada en la misma prisión, sufrió Consejo de Guerra el mismo día y enviada a la prisión de Durango, con un breve paso por la de Toledo, en las mismas fechas que Martina. No sabemos nada más de ella, aunque el expediente de su Consejo de Guerra se conserva en el Archivo General e Histórico de Defensa.

Hoja del expediente de presa de Adelaida Lozano Gómez
Hoja del expediente de presa de Adelaida Lozano Gómez

Y, por fin, llegamos a la mujer de la fotografía. En realidad, de Adelaida conocemos tres fotos, la que hemos mencionado y otras dos que aparecen en una investigación de Pedro Organero y que reproduce el propio Museo Virtual de la Mujer Combatiente. Había nacido en 1916 en Corral de Almaguer. Sabemos que estaba afiliada a la Juventud Socialista Unificada y combatió en las Milicias Populares de Madrid, donde estaba en enero de 1937. También sabemos que el ejército republicano le concedió una pensión por “inutilidad”, cuyo expediente se conserva en el Centro Documental de la Memoria Histórica. Fue detenida probablemente a la vez que sus hermanas; también, como ellas, ingresada en la Prisión Municipal de Quintanar de la Orden y sometida a Consejo de Guerra, todo ello en las mismas fechas. Se conservan sus expedientes del Consejo de Guerra y de conmutación de la pena, en los mismos archivos que sus hermanas.  Pero se le envió a la Prisión Provincial de Toledo casi un mes más tarde, el 3 de febrero de 1940, en compañía de María Pérez Morato, Andrés Chacón Escobar y Aniceto Rubio García. Su estancia en Toledo fue también algo más larga, aunque no mucho, y el 10 de febrero se le envía a Durango junto con otras dos mujeres: la ya citada María Pérez Morato y Francisca Sánchez Gallego, esta última junto con su hijo Gonzalo. Y aquí perdemos también su pista.

LA JUNTA DE PROTECCIÓN DE MENORES

Los primeros años del siglo pasado contemplaron en España los inicios de lo que podríamos llamar la protección social. Ya os hemos hablado de algunos de los organismos creados en estos años para proteger a colectivos considerados más desfavorecidos: el Patronato de Protección a la Mujer, Los Institutos Provinciales de Higiene o las Mancomunidades Sanitarias. Hoy os queremos contar la historia de otro de esos organismos: La Junta de Protección de Menores.

Cabecera de acta de reunión

En 1904 se crea un “Consejo Superior de Protección a la Infancia y Extinción de la Mendicidad”, que contará con las correspondientes Juntas provinciales, pero en realidad estos organismos no empezarán a funcionar hasta 1908, cuando se publique su reglamento. Es interesante repasar algunas de las funciones que se le atribuyen: protección y amparo de la mujer embarazada; reglamentación de la “lactancia mercenaria”; investigación de los daños o explotaciones de que puedan ser objeto los niños con padres o sin ellos; amparo de los niños “moralmente abandonados”; protección paternal de “los llamados rebeldes, incorregibles o delincuentes”; cuidado de la educación e instrucción de “los llamados anormales”, o la creación de una Liga Internacional de Protección a la Infancia.

Lista de miembros

La Junta provincial de Toledo se constituyó en marzo del mismo 1908. Era bastante numerosa y compleja, con una Comisión permanente y varias secciones. Entre sus componentes, además de representantes de las instituciones, encontramos diferentes asociaciones profesionales y sociales y personalidades como el antropólogo Luis de Hoyos, catedrático del Instituto, creador del Parque Escolar y, además, propietario del primer coche matriculado en nuestra provincia.

Como sucede casi siempre, uno de los principales problemas de la Junta era el económico. Los subsidios estatales, muy magros o incluso inexistentes, trataban de compensarse con donativos que siempre resultaban insuficientes. Especialmente preocupante era el mantenimiento de los niños acogidos en las diferentes casas al cargo directo de la Junta, para los que su presidente no cesaba de regatear con proveedores y de buscar mejores precios. Aquí tenemos las quejas de uno de los proveedores, al que no le salen las cuentas, así como la oferta de la empresa vizcaína “los Pirineos”, pionera en productos lácteos en España. Y eso que las raciones no eran especialmente abundantes, como se refleja en este documento de 1920 aproximadamente.

La salvación llegó en 1911, cuando se instauró un nuevo impuesto del 5 % sobre la taquilla de teatros, cines, bailes y espectáculos públicos que iría destinado precisamente a esta Junta, quien quedó encargada de su gestión y recaudación. De este modo, la documentación adquiere un nuevo interés. Además de servir para el estudio de la situación de los menores, sirve para conocer algunos aspectos de la vida cultural hasta los años 80. Por ejemplo, aquí tenemos una lista de estas actividades en la provincia en 1950, reducidas a cines y bailes (en la lista no aparecen ni Toledo ni Talavera de la Reina); o el detalle de las entradas vendidas un martes de noviembre de 1915 en el Teatro de Rojas de Toledo: solo se vendieron la mitad de las entradas.

Telegrama

La Junta de Protección de Menores permaneció activa, con pocos cambios, hasta la llegada de las Comunidades Autónomas. En febrero de 1985 la de Toledo es traspasada a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, momento en que se produce una cierta confusión, como se refleja en este telegrama. De todos modos, este organismo sería suprimido en nuestra región en noviembre de ese mismo año, pasando sus funciones y medios a la Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo.

MUJERES DEPOSITADAS

A finales del siglo XIX y principios del XX la protección a las mujeres maltratadas pasaba exclusivamente por los juzgados ordinarios. No existían juzgados especializados, ni protocolos policiales ni mucho menos servicios sociales dedicados a ello. Tampoco había casas de acogida pero, en los casos graves, el juez (siempre varón) podía determinar que la mujer fuese “depositada” en algún lugar considerado seguro, generalmente la casa de algún pariente. La misma palabra “depositar” ya es significativa, aunque se actuase en favor de las víctimas. Hoy os vamos a presentar brevemente tres casos que pasaron ante el Juzgado de Primera Instancia de Orgaz.

Portada de expediente judicial

El primero podría ser casi una historia de amor. En febrero de 1883 Remedios Fernández, de 20 años y vecina de Mora, pide al notario que en su nombre obtenga de su padre el preceptivo “consejo” (es decir, consentimiento) para casarse con su vecino Santiago Díaz. El padre se niega “por razones que se reserva” y entonces el abogado de Remedios pide al juez que la “deposite” en una casa segura puesto que su padre “la ha reprendido severamente de palabra y algunas veces de obra” y teme “desagradables consecuencias”. El juez ordena que Remedios viva con un tío sin ser molestada por su padre, quien además deberá entregarle “la cama y ropa de su uso”. Eso sí: deberá casarse en seis meses. Hay que observar que en todo el expediente Remedios nunca habla por sí misma y que tampoco se alude a la situación en que queda el novio. Suponemos que los jóvenes acabaron casándose, porque no volvemos a saber del asunto.

Portada de expediente judicial

Como ocurre muchas veces, en estas situaciones los malos tratos se combinan con la complejidad de los sentimientos humanos. En marzo de 1903 la vecina de Almonacid Catalina López pide el divorcio por malos tratos continuados de su marido. El juez declara el “depósito” de la mujer y acude al domicilio conyugal para llevarse a la interesada y a sus bienes. Allí, ambos cónyuges acuerdan pacíficamente la casa donde viviría Catalina y los bienes que se llevaría con ella. Pocos días después, se ordena una pensión alimenticia, pero resultó que Catalina y su marido ya la habían acordado por su cuenta y, al parecer, se cumplía escrupulosamente. Ocho años después no se habían realizado más actuaciones y, aparentemente, los cónyuges vivían juntos sin problemas. Así que el juez ordena el fin del proceso por caducidad, condenando a Catalina a pagar las costas, aunque, en realidad, las acabaron pagando a medias ella y su marido. Por lo visto, la paz había vuelto a este hogar.

Portada de expediente judicial

Terminamos con un caso mucho más terrible, el de la niña Teresa Manzano, de diez años de edad e hija del cabo del puesto de la Guardia Civil de Mora. El 29 de abril de 1889 salió de su casa para ir al colegio y ya no volvió. Dos días después, la niña es entregada al fiscal municipal de Mora por “seis u ocho socios del casino Centro de Amigos”, y al día siguiente el fiscal pide que la niña sea depositada en su propia casa, como así ocurre. Mientras tanto, el padre de Teresa escribe una carta al juez pidiendo le devuelvan a su hija “por la suma falta que me hace por allarme impedido de poder salir del cuartel y necesitarla para los mandados y al propio tiempo como cariño de padre”. Explica que “yo no e abandonado a mi hija, y si temía el benir a casa fue por distraerse en el juego a la salida de dicho colegio y temer el ser castigada por su padre”. Dice además que la niña “tiene poco cariño a su padre” porque vive con él hace solo ocho meses “puesto que de muy pequeña quedó sin madre y a estado a los mimos de su agüela durante mi ausencia de 7 años en Cuba”. Pero la declaración de la niña es muy diferente. Afirma que su padre le pegaba mucho con unas correas en la cabeza y espalda y en una ocasión, a consecuencia de un puñetazo en el costado “le produjo el golpe fluxión de sangre por la boca y narices”; le pidieron que lo repitiera ante su padre y se negó a ello entre llantos. También dijo que “la cogía de las orejas y trenza de pelo y la levantaba en alto, tirándola […] al suelo, dándola puntapiés”, que nunca desayunaba e incluso la comida del mediodía era “escasa”. Los vecinos e incluso los guardias del puesto confirmaron su testimonio, de manera que el juez ordenó que Teresa continuara viviendo “depositada” en casa del fiscal.

EL PATRONATO DE PROTECCIÓN A LA MUJER

La atención a los derechos de las mujeres no siempre se ha entendido como lo hacemos hoy en día. Hasta tiempos muy recientes, al menos en España, se consideraba a las mujeres prácticamente como menores de edad, que debían ser “protegidas” desde el punto de vista del control sexual, pero cuya opinión no contaba. La documentación de archivo demuestra que esta afirmación no es ningún tópico vacío.

El primer organismo público español dedicado a mejorar la situación de las mujeres fue el “Real Patronato para la Represión de la Trata de Blancas”, creado en 1902 y de significativo nombre. En el AHPTO no conservamos documentación de este organismo, perdida en el incendio del Gobierno Civil de 1964, pero sí de su sucesor, el “Patronato de Protección a la Mujer” creado en 1941 con la misión principal de “dignificar moralmente a la mujer, impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a la enseñanza de la religión católica”. Se reorganizó en 1952, y con esta ocasión se desgranan sus funciones principales, entre las que encontramos:

  • “Velar por la moralidad pública y, muy especialmente, por la de la mujer”
  • Proteger a “la juventud femenina” y a las mujeres “que se desenvuelvan en medios moralmente nocivos o peligrosos”
  • Descubrir y reprimir los delitos relacionados con la corrupción de menores, la trata de blancas, la pornografía, las prácticas abortivas o anticonceptivas “y, en general, cuantos afecten a la moral católica y a los demás fines del Patronato”
  • “Atender a la regeneración de las mujeres caídas” con el internamiento en centros adecuados.
  • Organizar la formación de personal especializado en “los problemas de la tutela moral de la mujer”

El Patronato se regía por una Junta Central, por las oportunas Juntas Provinciales y, en ocasiones, también por Juntas Locales. Por supuesto, todas estas juntas estaban formadas exclusivamente por varones. Ya el repaso a sus normas básicas de funcionamiento indica su orientación casi exclusiva a la represión sexual y la fuerte influencia de la Iglesia.

Os ofrecemos aquí algunas de las circulares que la Junta central envió a su correspondiente toledana durante el franquismo y que resultan expresivas. En primer lugar, las dos primeras páginas de una de junio de 1943 en la que, entre otros asuntos, se trata de la “decencia” en los baños estivales —asunto que se repetiría machaconamente en los años sucesivos, indicio claro de que no se cumplía— y también de las mujeres “seducidas” por soldados y marineros, todo un clásico.

En segundo lugar, una circular de enero de 1951 especificando los trámites para controlar a las mujeres que salen al extranjero a trabajar en “espectáculos más o menos artísticos”, con peligro de abandonarse allí a “una vida vergonzosa… al punto de que hablar español pueda ser un signo de fácil acceso a nuestra mujer en ciertos países”.

Y, por último, la noticia del establecimiento en 1953 de una casa de acogida para las chicas que llegan a Madrid “en busca de colocación de sirvienta” y que pueden ser captadas por redes de prostitución o bien entregarse “a las diversiones peligrosas en bailes y espectáculos que tanto atraen a las jóvenes venidas de fuera y que son ocasión de muchas caídas morales”.

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Es cierto que este lenguaje va desapareciendo poco a poco, pero el Patronato permaneció con su normativa inalterada hasta bien entrada ya nuestra etapa democrática. En 1984 el Estado traspasó las Juntas de las provincias castellano-manchegas al gobierno autonómico, quien las suprimiría al año siguiente.

La historia de Magdalena: doce años de esclavitud para una mujer corriente.

La historia que os ofrecemos hoy no tiene nada de especial. Sucedió hace más de cuatrocientos años, pero ha seguido ocurriendo en términos muy similares hasta hace muy poco en Europa y todavía sucede en otras partes del mundo. A veces nos deslumbramos con los documentos referidos a personajes importantes y olvidamos que la auténtica riqueza de los archivos es que son la memoria de la gente vulgar, como Magdalena. Pero precisamente saber que lo que le pasó a ella ha seguido pasando a muchas personas nos impulsa a no olvidarlo.

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El 17 de enero de 1592 Yuste López, vecino de Fuensalida entrega a su hija Magdalena, “de edad de ocho años poco más o menos” para el servicio de Bartolomé del Castillo, vecino de Toledo, durante doce años, a cambio de darle “mantenimiento de comer y beber y vestir y calzar”. Además, el nuevo patrón le enseñará a tejer tafetán “según él lo sabe” y se especifican las prendas que le deberá proporcionar: una saya de paño, un manto “de seda y lana”, dos camisas, dos tocas, dos cofias, dos gorgueras, calzas, calzones, y un sombrero, entre otras. Finalmente, Bartolomé entrega a Yuste 22 reales en ese mismo acto.

A renglón seguido, pero con una letra claramente diferente (y mucho más sencilla de leer), Yuste López se da por contento con el pago y se compromete “de no vos la quitar por más ni por menos, ni por el santo, ni por otra razón alguna”. También asegura “que [Magdalena] no se irá ni ausentará del dicho servicio antes del dicho tiempo ser cumplido”, so pena de perder el tiempo de servicio ya realizado. Incluso, si la chica abandona el servicio de su nuevo patrón “me obligo de la traer doquier que esté, dentro de la jurisdicción de Toledo, sabiendo donde está”. A continuación, Bartolomé del Castillo ratifica las condiciones anteriores y, tras las fórmulas jurídicas habituales, se firma el contrato ante el notario Luis Méndez de Aguilera y los testigos que se mencionan.

Hoy en día no dudaríamos en calificar esto como una venta en condiciones de esclavitud, aunque tenga fecha de caducidad. Pero en el siglo XVI era muy habitual, hasta el punto que, en la esquina superior izquierda,  el notario anota rutinariamente el tipo de escritura: “[contrato de] servicio”. Magdalena, cuyo padre no está seguro de su edad y que hasta se equivoca al mencionar su nombre —en la segunda línea se aprecia claramente que el escribano había apuntado “Ynés”, para rectificar enseguida y anotar el nombre verdadero— es tratada como una posesión que puede ser vendida, e incluso se toman medidas muy ilustrativas si ella tuviese la osadía de tomar decisiones por su cuenta.

Una historia normal en su época y, con algunos matices, todavía demasiado habitual en demasiadas partes del mundo, pero que se conserva en los archivos para que no se pierda su memoria.