NUEVOS FONDOS JUDICIALES

Las “Juntas de Expurgo” no tienen un nombre muy alegre, pero son unos órganos muy útiles. Se encargan de valorar la documentación judicial, decidiendo qué documentos deberán ser destruidos y cuáles pasarán a formar parte de la memoria colectiva en archivos históricos como el nuestro. Bien, pues gracias a esta labor a finales del año pasado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha nos envió un bonito conjunto de casi 140 cajas que contienen documentación fechada entre 1868 y 1986 procedente nada menos que de 16 juzgados diferentes, todos ellos de Ocaña y sus alrededores. De algunos ya teníamos documentos, como los de Primera Instancia e Instrucción de Ocaña y de Lillo, el Municipal de Ocaña o el Comarcal de Lillo. Pero otros llegan a nuestro archivo por primera vez, así que hemos querido presentároslos.

Expedientes del  Juzgado Comarcal de Yepes
Expedientes del Juzgado Comarcal de Yepes

Algunos de estos nuevos fondos (ya sabéis que un “fondo” es el conjunto de documentos producido por un organismo en el ejercicio de sus funciones) son de juzgados, digamos, “normales”, que se encargan de la justicia ordinaria. Así, los juzgados comarcales de Ocaña y Yepes, y el Juzgado de Paz de Ocaña. Ninguno de estos juzgados funciona hoy, e incluso en España ya no existen juzgados comarcales.

Expediente del Juzgado de Guardia de Toledo en Ocaña

Nos han interesado más los juzgados “especiales”, es decir, aquellos creados para casos específicos. El más llamativo es el “Tribunal Especial de Guardia”, que era uno de los “Tribunales Populares” que funcionaron durante la guerra civil en el bando republicano. Prácticamente fuera del control de jueces profesionales, se encargaban de delitos específicos con la intención de agilizar los procedimientos, lo que a veces daba lugar a abusos e injusticias. En concreto, los Tribunales de Guardia se encargaban de los “delitos flagrantes” de alta traición, terrorismo y espionaje, y desde 1938 también de los de “subsistencias”, es decir, de contrabando. A nosotros solo nos han llegado algunos expedientes de estos últimos delitos. El Tribunal de Guardia de la provincia de Toledo se ubicó en Ocaña porque, como es sabido, en esta localidad se situaron las oficinas del gobierno republicano desde la toma de la capital en septiembre de 1936.

Expedientes del Tribunal Instructor de Responsabilidades Políticas de Toledo
Expedientes del Tribunal Instructor de Responsabilidades Políticas de Toledo

No menos interesantes son los Tribunales de Responsabilidades Políticas instituidos tras la guerra. La provincia de Toledo dependía en este tema del Tribunal regional de Madrid, pero contaba con un Tribunal Instructor, encargado de realizar las investigaciones previas a la sentencia, así como de su ejecución. En esta ocasión, nos han llegado algunos expedientes fechados entre 1939 y 1960. Hay que tener en cuenta que toda la jurisdicción sobre responsabilidades políticas se suprimió en 1945, pero los casos abiertos siguieron su curso a veces hasta muchos años después.

Expediente de la Junta de Libertad Vigilada de Huerta de Valdecarábanos
Expediente de la Junta de Libertad Vigilada de Huerta de Valdecarábanos

Muchos condenados por delitos políticos fueron poco a poco excarcelados, pero estuvieron mucho tiempo en situación de libertad vigilada, asunto del que se encargaba la Policía pero en el que intervenían las Juntas de Libertad Vigilada, como las Juntas Locales de Ocaña (1952-1958) y de Huerta de Valdecarábanos (1945-1946). Estos organismos dependían de un “Servicio de Libertad Vigilada” creado en 1943 como instrumento para ayudar y controlar a la vez a las personas condenadas por “auxilio a la rebelión” que iban saliendo de la cárcel. En el AHPTO ya teníamos documentación de las juntas similares de Lillo y de Talavera de la Reina.

Expediente del Patronato de Presos y Libertos de Ocaña
Expediente del Patronato de Presos y Libertos de Ocaña

El seguimiento y a la vez asistencia a las personas excarceladas no siempre tuvo carácter político. En realidad, desde siempre hubo instituciones, sobre todo religiosas, que se ocuparon de asistir a estas personas. Para su coordinación, el Estado promovió desde 1915 las “Asociaciones de Patronato” vinculadas a cada prisión. Nos ha llegado la documentación de la Asociación de Patronato de la cárcel de Ocaña en los años previos a la guerra civil. Además de documentación económica y actas de sus sesiones, encontramos los expedientes de los expresos que pedían algún tipo de ayuda.  Por cierto, que todos los documentos fueron cosidos formando un único volumen, probablemente tras la guerra, cuando estas asociaciones fueron suprimidas.

Expediente de la Inspección de Justicia Municipal de Toledo
Expediente de la Inspección de Justicia Municipal de Toledo

Muy interesante es también la “Inspección de la Justicia Municipal”. No se trata de un órgano específico, sino de una función que se encomendaba a un juzgado de primera instancia, quien recibía informes y estadísticas y giraba visitas a los juzgados de toda la provincia. Durante la época de los documentos que nos han llegado (1946-1960) esta misión le correspondió sucesivamente a los juzgados de Quintanar de la Orden y Talavera de la Reina. Hoy, la inspección de la Justicia es competencia del Consejo General del Poder Judicial.

Expediente de creación del Tribunal Industrial de Ocaña
Expediente de creación del Tribunal Industrial de Ocaña

En fin, terminamos este elenco de tribunales con el Tribunal Industrial de Ocaña, cuya documentación va de 1920 a 1928. Los Tribunales Industriales son el antecedente directo de las Magistraturas de Trabajo, hoy Juzgados de lo Social, encargados de juzgar los conflictos laborales. En el AHPTO ya teníamos documentos del Tribunal Industrial de Toledo, pero estaban dentro del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la capital, así que ahora hemos aprovechado para darles entidad propia.

ESCUELAS DE LATINIDAD

Ahora que empieza el nuevo curso nos hemos fijado en unos documentos de septiembre de 1827 que nos informan con detalle de la situación de las “escuelas de latinidad” en lo que entonces era la provincia de Toledo.

Estas escuelas, junto con los Estudios de Gramática o de Humanidades, equivalían en el antiguo régimen a lo que hoy llamamos Enseñanza Secundaria, muy orientada a la preparación para la universidad. Serían suprimidas por las reformas liberales de la primera mitad del siglo XIX, otorgando a la enseñanza secundaria un carácter propio, cada vez menos dependiente de las universidades, todo ello no sin momentos de retroceso. Uno de estos momentos fue la restauración del absolutismo en 1823 tras tres años de gobierno liberal. En este contexto se publica el “Reglamento General para las Escuelas de Latinidad y Colegios de Humanidades”, que establecía las condiciones para que pudieran funcionar estos establecimientos. En consecuencia, se revisaron todas las escuelas de latinidad del país, incluyendo informes precisos no solo sobre la titulación y aptitudes del responsable, sino también sobre su “purificación” política.

Informe

Esta tarea fue coordinada por las Universidades. Por eso contamos nosotros con expedientes detallados sobre cada uno de los “preceptores” de estas escuelas en Toledo y su circunscripción, completados con resúmenes más o menos extensos. Así, en este relativo a la zona de Talavera de la Reina se nos dice que en la propia ciudad talaverana solo hay un preceptor de Gramática, José Gorrón y Contreras, natural de Madrid y vecino de Torrijos. Pero más adelante nos informa que en Guadalupe hay tres: dos sacerdotes —uno de ellos vinculado al monasterio— y un tal Rafael Pulido, “fraile secularizado” que está considerado “constitucional exaltado” y que, además, no solo enseña gramática sino que “enseña más de 20 discípulos de 1ª letras, filosofía y moral”. Un sujeto a vigilar, sin duda.

Resumen de informe

Hay que decir que otros resúmenes correspondientes a otras zonas no son tan exhaustivos. Así, tenemos uno del partido de La Mancha que se limita a consignar los nombres de los preceptores y el pueblo de actuación. Llama la atención que en Ciudad Real o en la propia Almagro —que contaba con Universidad propia— solo existiese una escuela de latinidad, mientras que Moral de Calatrava o Manzanares contaban con dos.

En el informe general para toda la provincia se registran 28 preceptores con título oficial, más otros 12 sin título. Muchos de estos preceptores no oficiales son frailes exclaustrados que encuentran en esta ocupación una forma de sobrevivir fuera de sus conventos, como el ya citado Rafael Pulido o Francisco García Simón, antiguo franciscano que se ha instalado en el pequeño pueblo de Escarabajosa, hoy Santa María del Tiétar (Ávila). Es interesante fijarse en los señalados como políticamente peligrosos, como Buenaventura Domínguez Bustamante, de Cebolla, que “no está purificado ni quiere intentarlo” y además “tiene la nota de haber sido adicto con exaltación al sistema constitucional”; o Manuel Justo Morales, de Navalmoral de Pusa, que no solo está “impurificado” en primera instancia, sino que es sospechoso de pertenecer a “asociaciones reprobadas”. Por último, destaquemos a algunas buenas almas que comparten sus conocimientos prácticamente por amor al arte. Así hace Manuel Luis Calvo, el boticario de Sonseca, quien “se dedica a enseñar latinidad… a los que se le presentan”. O Félix Hervás, presbítero, que compagina su labor de maestro de primeras letras con la enseñanza de latinidad “a los más adelantados” en Mocejón; una situación parecida a la de Francisco Sánchez, de Huerta de Valdecarábanos. Más clara es la anotación de Eulogio Fernández, clérigo de primera tonsura en La Guardia, quien “enseña por afición a 4 niños”.

Terminemos señalando que solo cinco localidades contaban con más de una escuela: dos había en Lillo, Villamayor de Santiago y Mora; y tres en Toledo y Guadalupe, aunque en la localidad cacereña dos eran extraoficiales, como hemos visto.

NUEVA DOCUMENTACIÓN JUDICIAL

Este miércoles, 17 de enero, hemos recibido un importante conjunto de documentos históricos de carácter judicial. Se trata de un total de 369 cajas de documentación producida fundamentalmente por los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Ocaña y de Lillo —el juzgado de Lillo se suprimió en 1967—, junto con otros juzgados de ambas localidades y de Illescas. Los documentos más antiguos datan de 1786, y los más recientes de 1969.

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Los documentos recién ingresados pueden ser ya consultados por cualquier ciudadano en el propio AHPTO, si bien en los próximos meses se afrontará una descripción más detallada que facilite esta consulta. No obstante, ya se han localizado algunos expedientes interesantes, como el expediente general de las elecciones de febrero de 1936 en el distrito de Ocaña, los documentos de la Junta Local de Libertad Vigilada que funcionó en Lillo durante el franquismo o los documentos del “Juzgado Especial para la Revisión de las Rentas Rústicas” de la zona de Lillo en 1932.

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La documentación había sido enviada años atrás desde el Juzgado de Ocaña a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en Albacete, y permaneció en estado de gran desorden hasta que la archivera de ese juzgado, Edila Escribano, afrontó su reorganización y realizó los trámites para enviarla al AHPTO. Desde luego, agradecemos a nuestra compañera su magnífica labor.

La documentación ingresada ahora viene a completar el mapa de los fondos históricos judiciales que se conservan en nuestro archivo, donde ya contamos con abundante documentación histórica de los juzgados de toda la provincia, desde la Audiencia Provincial a juzgados municipales y comarcales ya desaparecidos, salvo las comarcas de Torrijos y Quintanar de la Orden. De este modo, los investigadores podrán afrontar nuevas investigaciones sobre nuestro pasado reciente.