LIBRO DE RUTA AL VALLE DE LOS CAÍDOS

Un libro con una portada como la que veis en la imagen no puede pasar desapercibido, y menos si está entre los expedientes de la Audiencia Provincial de 1962. El peculiar —y significativo— montaje fotográfico, y el membrete de la “Oficina de Peregrinaciones a la Santa Cruz del Valle de los Caídos”, con sede en la madrileña iglesia de Montserrat, llaman la atención de cualquiera.

Portada del "Libro de ruta"
Portada del «Libro de ruta»

El interior no es menos curioso. Junto con postales y carteles entre turísticos, religiosos y políticos, aparecen diversos escritos pegados, o incluso anotaciones en el propio libro, con sellos y firmas de autoridades civiles y religiosas. Se trata de un auténtico dossier o “álbum de ruta” en el que el dueño, al que llamaremos “ABC”, al parecer iba recogiendo todo vestigio documental que le pudiera ayudar a recoger apoyos para su idea: organizar excursiones político-religiosas al Valle de los Caídos. Hay desde su propia partida de bautismo a la bendición apostólica de Juan XXIII. Según se desprende del propio libro, ABC había realizado estas actividades en Madrid antes de ampliar su “negocio” a Toledo. Por lo visto, había conseguido apoyo incluso económico de varias personas, empresas e instituciones. Hasta convenció a una conocida imprenta toledana para que le hiciera el cartel anunciador de la excursión y otros impresos.

Cartel anunciador de la peregrinación
Cartel anunciador de la peregrinación

Para entonces la Policía ya vigilaba muy estrechamente a nuestro hombre. Según sus informes, ABC había estado organizando actividades similares en diversas ciudades españolas, siempre a costa de la buena fe de las personas, aunque no está claro si alguna vez llegó a ser condenado por ello. De todos modos, los agentes aducen, como motivo adicional de sospecha, que nuestro protagonista, pese a sus protestas públicas de católico ferviente, hacía difusión clandestina de ideas protestantes y además “vivía maritalmente” con una mujer viuda que ya tenía dos hijos y con la que ABC había tenido otro; a ojos policiales esto debía ser un argumento definitivo. Así que, después de permitirle actuar en Toledo durante un tiempo, al fin decidieron detenerle. Eso sí, antes de terminar su informe sugieren al juez que el “álbum de ruta” se devuelva a la Comisaría “para su posterior envío al Museo de la Escuela General de la Policía”. Afortunadamente para nosotros, el juez no hizo caso.

Desde luego, el “álbum de ruta” es muy singular, y no deja de sorprender que ABC hubiera conseguido tantas firmas y sellos, todos ellos auténticos, excepto la firma de Franco, que obviamente fue recortada de otra publicación. La estética nacional-católica es omnipresente, sin que falten varias páginas con recortes de periódicos relacionados con Antonio Rivera y, en general, al asedio del Alcázar.

Pero, después de todo, finalmente el juez puso en libertad a ABC, considerando que, si bien es cierto que la prometida excursión no llegó a realizarse, no fue por falta de voluntad, sino precisamente porque fue detenido por la Policía. Se devolvió su dinero a los que habían contribuido (salvo la imprenta, que perdió parte de lo invertido) y ABC quedó libre. Nosotros le hemos rastreado un poco por Internet y hemos sabido que nuestro protagonista siguió organizando actividades entre religiosas, políticas y solidarias al menos hasta 1977, y que entró y salió de la cárcel en diversas ocasiones. Sin duda, todo un personaje.

NUEVOS FONDOS JUDICIALES

Las “Juntas de Expurgo” no tienen un nombre muy alegre, pero son unos órganos muy útiles. Se encargan de valorar la documentación judicial, decidiendo qué documentos deberán ser destruidos y cuáles pasarán a formar parte de la memoria colectiva en archivos históricos como el nuestro. Bien, pues gracias a esta labor a finales del año pasado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha nos envió un bonito conjunto de casi 140 cajas que contienen documentación fechada entre 1868 y 1986 procedente nada menos que de 16 juzgados diferentes, todos ellos de Ocaña y sus alrededores. De algunos ya teníamos documentos, como los de Primera Instancia e Instrucción de Ocaña y de Lillo, el Municipal de Ocaña o el Comarcal de Lillo. Pero otros llegan a nuestro archivo por primera vez, así que hemos querido presentároslos.

Expedientes del  Juzgado Comarcal de Yepes
Expedientes del Juzgado Comarcal de Yepes

Algunos de estos nuevos fondos (ya sabéis que un “fondo” es el conjunto de documentos producido por un organismo en el ejercicio de sus funciones) son de juzgados, digamos, “normales”, que se encargan de la justicia ordinaria. Así, los juzgados comarcales de Ocaña y Yepes, y el Juzgado de Paz de Ocaña. Ninguno de estos juzgados funciona hoy, e incluso en España ya no existen juzgados comarcales.

Expediente del Juzgado de Guardia de Toledo en Ocaña

Nos han interesado más los juzgados “especiales”, es decir, aquellos creados para casos específicos. El más llamativo es el “Tribunal Especial de Guardia”, que era uno de los “Tribunales Populares” que funcionaron durante la guerra civil en el bando republicano. Prácticamente fuera del control de jueces profesionales, se encargaban de delitos específicos con la intención de agilizar los procedimientos, lo que a veces daba lugar a abusos e injusticias. En concreto, los Tribunales de Guardia se encargaban de los “delitos flagrantes” de alta traición, terrorismo y espionaje, y desde 1938 también de los de “subsistencias”, es decir, de contrabando. A nosotros solo nos han llegado algunos expedientes de estos últimos delitos. El Tribunal de Guardia de la provincia de Toledo se ubicó en Ocaña porque, como es sabido, en esta localidad se situaron las oficinas del gobierno republicano desde la toma de la capital en septiembre de 1936.

Expedientes del Tribunal Instructor de Responsabilidades Políticas de Toledo
Expedientes del Tribunal Instructor de Responsabilidades Políticas de Toledo

No menos interesantes son los Tribunales de Responsabilidades Políticas instituidos tras la guerra. La provincia de Toledo dependía en este tema del Tribunal regional de Madrid, pero contaba con un Tribunal Instructor, encargado de realizar las investigaciones previas a la sentencia, así como de su ejecución. En esta ocasión, nos han llegado algunos expedientes fechados entre 1939 y 1960. Hay que tener en cuenta que toda la jurisdicción sobre responsabilidades políticas se suprimió en 1945, pero los casos abiertos siguieron su curso a veces hasta muchos años después.

Expediente de la Junta de Libertad Vigilada de Huerta de Valdecarábanos
Expediente de la Junta de Libertad Vigilada de Huerta de Valdecarábanos

Muchos condenados por delitos políticos fueron poco a poco excarcelados, pero estuvieron mucho tiempo en situación de libertad vigilada, asunto del que se encargaba la Policía pero en el que intervenían las Juntas de Libertad Vigilada, como las Juntas Locales de Ocaña (1952-1958) y de Huerta de Valdecarábanos (1945-1946). Estos organismos dependían de un “Servicio de Libertad Vigilada” creado en 1943 como instrumento para ayudar y controlar a la vez a las personas condenadas por “auxilio a la rebelión” que iban saliendo de la cárcel. En el AHPTO ya teníamos documentación de las juntas similares de Lillo y de Talavera de la Reina.

Expediente del Patronato de Presos y Libertos de Ocaña
Expediente del Patronato de Presos y Libertos de Ocaña

El seguimiento y a la vez asistencia a las personas excarceladas no siempre tuvo carácter político. En realidad, desde siempre hubo instituciones, sobre todo religiosas, que se ocuparon de asistir a estas personas. Para su coordinación, el Estado promovió desde 1915 las “Asociaciones de Patronato” vinculadas a cada prisión. Nos ha llegado la documentación de la Asociación de Patronato de la cárcel de Ocaña en los años previos a la guerra civil. Además de documentación económica y actas de sus sesiones, encontramos los expedientes de los expresos que pedían algún tipo de ayuda.  Por cierto, que todos los documentos fueron cosidos formando un único volumen, probablemente tras la guerra, cuando estas asociaciones fueron suprimidas.

Expediente de la Inspección de Justicia Municipal de Toledo
Expediente de la Inspección de Justicia Municipal de Toledo

Muy interesante es también la “Inspección de la Justicia Municipal”. No se trata de un órgano específico, sino de una función que se encomendaba a un juzgado de primera instancia, quien recibía informes y estadísticas y giraba visitas a los juzgados de toda la provincia. Durante la época de los documentos que nos han llegado (1946-1960) esta misión le correspondió sucesivamente a los juzgados de Quintanar de la Orden y Talavera de la Reina. Hoy, la inspección de la Justicia es competencia del Consejo General del Poder Judicial.

Expediente de creación del Tribunal Industrial de Ocaña
Expediente de creación del Tribunal Industrial de Ocaña

En fin, terminamos este elenco de tribunales con el Tribunal Industrial de Ocaña, cuya documentación va de 1920 a 1928. Los Tribunales Industriales son el antecedente directo de las Magistraturas de Trabajo, hoy Juzgados de lo Social, encargados de juzgar los conflictos laborales. En el AHPTO ya teníamos documentos del Tribunal Industrial de Toledo, pero estaban dentro del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la capital, así que ahora hemos aprovechado para darles entidad propia.

LOS ARCHIVOS DE TOLEDO EN 1928

Esta semana celebramos la Semana Internacional de los Archivos, y con este motivo queremos presentaros un interesante documento que refleja la situación de los archivos de nuestra provincia en 1928, excepto los que ya estaban servidos por archiveros del Estado. Se trata de un informe exhaustivo realizado por Francisco de Borja San Román Fernández e Ignacio Calvo Sánchez y terminado el 20 de diciembre de ese año. El informe forma parte de un proyecto impulsado por la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos desde 1922. Los informes originales de todas las provincias se conservan hoy en el Archivo Histórico Nacional, pero nosotros tenemos una copia del correspondiente a Toledo.

El informe se divide en dos partes, una para la ciudad de Toledo y otra para la provincia, con una introducción general y otra específica para la provincia. No podemos entrar aquí en los detalles de cada archivo visitado, así que solo repasaremos algunos de los comentarios generales que hacen nuestros dos ilustres colegas. No obstante, ellos mismos advierten que no solo reflejan lo que hay en los archivos, sino también los documentos que alguna vez estuvieron en ellos y ahora (en 1928) se encuentran en otros archivos. En la introducción general llaman la atención sobre “archivos antiguos que fueron riquísimos” y que aparecen casi vacíos, lamentándose de que no haya referencias al destino actual de los documentos (algo que ellos intentan paliar) y, expresivamente, dicen que “la escueta nota ‘Han desaparecido’ es impropia de los amantes de la cultura”. Mencionan el caso del archivo del monasterio de San Clemente, aunque en el cuerpo del informe solo aluden de forma general a todos los “monasterios religiosos”. En fin, abogan por la creación de dos archivos generales provinciales, uno eclesiástico y otro civil; al aludir a este último, es evidente que San Román ya tenía en mente los detalles de la creación del AHPTO tres años después.

En cuanto a la provincia, aunque se quejan de que solo 18 pueblos de casi 200 municipios tienen un archivo apreciable, también reconocen que han dedicado la mayor parte de su tiempo a la capital y apenas dos semanas al resto de la provincia, visitando solo las cabezas de partido. En general, aprecian una falta considerable de documentación que los responsables municipales suelen achacar a la guerra de la Independencia —hoy se hace lo mismo respecto de la guerra civil— pero que, según los autores, es más bien fruto de la incuria. Tanto los archivos notariales como los judiciales llaman su atención como base del futuro AHPTO, como efectivamente así ocurrió.

Borja San Román e Ignacio Calvo

Finalmente, diremos algo sobre los autores. Francisco de Borja San Román (Toledo, 1887-1942) fue una de las figuras más importantes de la intelectualidad toledana de la primera mitad del siglo XX. Director del Instituto de Segunda Enseñanza, lo fue también del Museo de Santa Cruz, de la Biblioteca provincial y fue el primer director del AHPTO. Por su parte, Ignacio Calvo (Horche, Guadalajara, 1864 – Madrid, 1930) fue un no menos ilustre sacerdote arqueólogo, arabista y numismático, muy vinculado al Museo Arqueológico Nacional. Se hizo famoso, sin embargo, por su traducción parcial del Quijote al latín macarrónico publicada en 1905.

MUJERES DEPOSITADAS

A finales del siglo XIX y principios del XX la protección a las mujeres maltratadas pasaba exclusivamente por los juzgados ordinarios. No existían juzgados especializados, ni protocolos policiales ni mucho menos servicios sociales dedicados a ello. Tampoco había casas de acogida pero, en los casos graves, el juez (siempre varón) podía determinar que la mujer fuese “depositada” en algún lugar considerado seguro, generalmente la casa de algún pariente. La misma palabra “depositar” ya es significativa, aunque se actuase en favor de las víctimas. Hoy os vamos a presentar brevemente tres casos que pasaron ante el Juzgado de Primera Instancia de Orgaz.

Portada de expediente judicial

El primero podría ser casi una historia de amor. En febrero de 1883 Remedios Fernández, de 20 años y vecina de Mora, pide al notario que en su nombre obtenga de su padre el preceptivo “consejo” (es decir, consentimiento) para casarse con su vecino Santiago Díaz. El padre se niega “por razones que se reserva” y entonces el abogado de Remedios pide al juez que la “deposite” en una casa segura puesto que su padre “la ha reprendido severamente de palabra y algunas veces de obra” y teme “desagradables consecuencias”. El juez ordena que Remedios viva con un tío sin ser molestada por su padre, quien además deberá entregarle “la cama y ropa de su uso”. Eso sí: deberá casarse en seis meses. Hay que observar que en todo el expediente Remedios nunca habla por sí misma y que tampoco se alude a la situación en que queda el novio. Suponemos que los jóvenes acabaron casándose, porque no volvemos a saber del asunto.

Portada de expediente judicial

Como ocurre muchas veces, en estas situaciones los malos tratos se combinan con la complejidad de los sentimientos humanos. En marzo de 1903 la vecina de Almonacid Catalina López pide el divorcio por malos tratos continuados de su marido. El juez declara el “depósito” de la mujer y acude al domicilio conyugal para llevarse a la interesada y a sus bienes. Allí, ambos cónyuges acuerdan pacíficamente la casa donde viviría Catalina y los bienes que se llevaría con ella. Pocos días después, se ordena una pensión alimenticia, pero resultó que Catalina y su marido ya la habían acordado por su cuenta y, al parecer, se cumplía escrupulosamente. Ocho años después no se habían realizado más actuaciones y, aparentemente, los cónyuges vivían juntos sin problemas. Así que el juez ordena el fin del proceso por caducidad, condenando a Catalina a pagar las costas, aunque, en realidad, las acabaron pagando a medias ella y su marido. Por lo visto, la paz había vuelto a este hogar.

Portada de expediente judicial

Terminamos con un caso mucho más terrible, el de la niña Teresa Manzano, de diez años de edad e hija del cabo del puesto de la Guardia Civil de Mora. El 29 de abril de 1889 salió de su casa para ir al colegio y ya no volvió. Dos días después, la niña es entregada al fiscal municipal de Mora por “seis u ocho socios del casino Centro de Amigos”, y al día siguiente el fiscal pide que la niña sea depositada en su propia casa, como así ocurre. Mientras tanto, el padre de Teresa escribe una carta al juez pidiendo le devuelvan a su hija “por la suma falta que me hace por allarme impedido de poder salir del cuartel y necesitarla para los mandados y al propio tiempo como cariño de padre”. Explica que “yo no e abandonado a mi hija, y si temía el benir a casa fue por distraerse en el juego a la salida de dicho colegio y temer el ser castigada por su padre”. Dice además que la niña “tiene poco cariño a su padre” porque vive con él hace solo ocho meses “puesto que de muy pequeña quedó sin madre y a estado a los mimos de su agüela durante mi ausencia de 7 años en Cuba”. Pero la declaración de la niña es muy diferente. Afirma que su padre le pegaba mucho con unas correas en la cabeza y espalda y en una ocasión, a consecuencia de un puñetazo en el costado “le produjo el golpe fluxión de sangre por la boca y narices”; le pidieron que lo repitiera ante su padre y se negó a ello entre llantos. También dijo que “la cogía de las orejas y trenza de pelo y la levantaba en alto, tirándola […] al suelo, dándola puntapiés”, que nunca desayunaba e incluso la comida del mediodía era “escasa”. Los vecinos e incluso los guardias del puesto confirmaron su testimonio, de manera que el juez ordenó que Teresa continuara viviendo “depositada” en casa del fiscal.

DINERO EN LA GUERRA

Los casos de falsificación de moneda son relativamente frecuentes dentro de la documentación judicial. Pero los que os presentamos hoy nos han llamado la atención porque se concentran en marzo de 1937, en la ciudad de Talavera de la Reina y, sobre todo, porque incluyen ejemplares de los billetes supuestamente falsificados pero que, en realidad, no lo son. Vamos a explicarlo.

En noviembre de 1936, las autoridades franquistas decidieron que todos los billetes puestos en circulación antes del 18 de julio de ese año necesitasen de una estampilla o sello especial para poder utilizarse legalmente; los billetes emitidos después de esa fecha no se considerarían válidos. Los particulares debían dirigirse a la sucursal provincial del Banco de España para estampillar allí sus billetes. Como os podéis imaginar, en medio de la guerra no siempre era fácil este viaje, de manera que los billetes sin estampillar seguían circulando hasta que llegaban de algún modo al Banco de España. Esto es lo que sucedió en marzo de 1937 en la sucursal de Talavera de la Reina. Los empleados del Banco denuncian la entrega de estos billetes con “estampillado ilegal». Todos los casos se resuelven sin condenas específicas, aunque los interesados, evidentemente, pierden los billetes. El sistema de estampillado continuó hasta septiembre de 1938, cuando los franquistas decidieron incautarse de todo el dinero republicano, dando a cambio unos vales que pronto se convirtieron en papel mojado. Todavía hoy, algunos de los poseedores de estos vales o sus herederos luchan en los tribunales por recuperar su dinero.

Veamos ahora los billetes en cuestión. Todos ellos fueron elaborados por la empresa británica Bradbury, Wilkinson & Co, de New Malden, en Surrey (Inglaterra); la Casa de la Moneda de Madrid no empezaría a emitir papel moneda hasta 1940. El primer billete, pues, es uno de 25 pesetas emitido en agosto de 1928, pero que no empezó a circular hasta abril de 1933. Está dedicado a Pedro Calderón de la Barca, mostrando en el anverso su monumento en la Plaza de Santa Ana de Madrid, y en el reverso una escena de su comedia “La devoción de la cruz”, hecha a partir de un cuadro de Domingo Guzmán. Gracias a la información del blog “Billetes”, del que tomamos muchos datos para este post, sabemos que este en concreto empezó a circular antes del estallido de la guerra, por lo que debería ser reconocido por las autoridades franquistas sin más requisito que el estampillado.

El segundo billete es de 50 pesetas, emitido también en agosto de 1928. Está dedicado a Diego Velázquez, presentando en su anverso una vista del Museo del Prado y en su reverso una reproducción del cuadro “La rendición de Breda”, que se conserva en dicho museo. Estos billetes empezaron a circular en julio de 1932, pero en concreto este que tenemos lo hizo después del 18 de julio de 1936 (lo sabemos por su número de serie), de manera que técnicamente se consideraba “dinero rojo”.

El billete de más valor que hemos encontrado es uno de 100 pesetas, dedicado a Felipe II y emitido en julio de 1925. Muestra en su anverso una vista del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y en su reverso reproduce el cuadro “La silla de Felipe II”, obra de Luis Álvarez Catalá, quien, por cierto, llegaría a ser director del Museo del Prado entre 1898 y 1901. Estos billetes empezaron a circular en junio de 1927, pero este que tenemos aquí lo hizo después del principio de la guerra civil con lo que, de nuevo, fue considerado ilegal por las autoridades franquistas. Sin embargo, como hemos dicho y al igual que en el caso anterior, no hubo mayor condena para su poseedor que la pérdida del billete.

LA MONJA DE LAS LLAGAS

Se llamaba, en el siglo, María Josefa de los Dolores Anastasia Quiroga Capopardo, y había nacido en una finca cercana a San Clemente (Cuenca) en 1811. En 1830 ingresó en el convento de Caballero de Gracia, en Madrid, de la Orden de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora (concepcionistas franciscanas descalzas), tomando el nombre de Sor María Rafaela de los Dolores y del Patrocinio, abreviado en “sor Patrocinio”. En los días cercanos al Corpus Christi de ese año empezó a tener experiencias místicas: visiones y parlamentos de Jesucristo y de la Virgen María (esta última hasta le regaló una imagen que llevaría consigo toda su vida), y, sobre todo, llagas en pies, manos y cabeza que recordaban las de la Pasión. Así, pasó a ser conocida como “La monja de las llagas”.

Pero eran tiempos recios en España. En septiembre de 1833 muere Fernando VII y se desencadena una crisis sucesoria que llevaría a la I Guerra Carlista. La reina regente, María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, fue acercándose a los liberales, tradicionalmente poco amigos de la Iglesia y mucho menos de los milagros. Sospechosa de colaborar con los carlistas, nuestra religiosa fue acusada de fraude y juzgada entre noviembre de 1835 y noviembre de 1836. Durante el juicio intervinieron los más prestigiosos médicos y abogados del momento, como el doctor Diego de Argumosa o el jurista Salustiano Olózaga, que al parecer había estado enamorado de nuestra protagonista tiempo atrás. El resultado fue claro: las llagas habían cicatrizado, como cualquier herida natural. Sor Patrocinio declaró que, en realidad, las llagas se las había producido ella con un artefacto que le había proporcionado un fraile capuchino, quien también se había aprovechado de su ingenuidad para mantenerla en silencio. La religiosa fue condenada a destierro a otro convento de su orden alejado de Madrid, en concreto el de la Madre de Dios de Talavera de la Reina.

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Fotografía de Sor Patrocinio, por Jean Laurent

Y aquí tenemos a la famosa monja, discretamente escoltada hasta la ciudad. El regente de la Audiencia Provincial de Madrid informa de las circunstancias al Juez de Primera Instancia y le ordena asegurarse de que ingresa efectivamente en el convento. El documento que os ofrecemos certifica que hacia las siete de la tarde del 28 de abril de 1837 llegó sor Patrocinio a la Posada del Tigre, acompañada de otra señora, y que, junto con las autoridades y el notario preceptivos, se trasladaron todos al convento, donde fue recibida por su “prelada” y las demás monjas, ingresando por la puerta del claustro hacia las ocho de la tarde. La propia religiosa firma el testimonio de su entrada en el convento.

Dos años después, cuando la guerra carlista ya tocaba a su fin, sor Patrocinio pidió a la reina gobernadora ser trasladada a otro convento más cercano a Madrid, alegando motivos de salud. María Cristina le otorgó permiso para marchar a Torrelaguna. La Real Orden correspondiente se firmó el 27 de junio de 1839 y el 14 de julio nuestra monja abandona Talavera, bajo la custodia del vicario eclesiástico de la zona, rumbo a la Sierra Norte madrileña, como dice la minuta del oficio, archivada en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad. Todo el expediente del caso se enviaría al AHPTO en abril de 1976.

Y ¿qué fue de sor Patrocinio? Lo cierto es que a partir de la mayoría de edad de Isabel II, en 1843, su popularidad (que ya era grande) y su influencia en la Corte fueron aumentando espectacularmente, pero también sus enemigos. Ocupó varios cargos de responsabilidad en su orden, fundando conventos y escuelas y llegando a abadesa. Pero también sufrió dos atentados contra su vida y varios destierros. Moriría en el convento del Carmen, de Guadalajara, en 1891, en olor de santidad, y actualmente se sigue causa para su beatificación.

NUEVA DOCUMENTACIÓN JUDICIAL

Este miércoles, 17 de enero, hemos recibido un importante conjunto de documentos históricos de carácter judicial. Se trata de un total de 369 cajas de documentación producida fundamentalmente por los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Ocaña y de Lillo —el juzgado de Lillo se suprimió en 1967—, junto con otros juzgados de ambas localidades y de Illescas. Los documentos más antiguos datan de 1786, y los más recientes de 1969.

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Los documentos recién ingresados pueden ser ya consultados por cualquier ciudadano en el propio AHPTO, si bien en los próximos meses se afrontará una descripción más detallada que facilite esta consulta. No obstante, ya se han localizado algunos expedientes interesantes, como el expediente general de las elecciones de febrero de 1936 en el distrito de Ocaña, los documentos de la Junta Local de Libertad Vigilada que funcionó en Lillo durante el franquismo o los documentos del “Juzgado Especial para la Revisión de las Rentas Rústicas” de la zona de Lillo en 1932.

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La documentación había sido enviada años atrás desde el Juzgado de Ocaña a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en Albacete, y permaneció en estado de gran desorden hasta que la archivera de ese juzgado, Edila Escribano, afrontó su reorganización y realizó los trámites para enviarla al AHPTO. Desde luego, agradecemos a nuestra compañera su magnífica labor.

La documentación ingresada ahora viene a completar el mapa de los fondos históricos judiciales que se conservan en nuestro archivo, donde ya contamos con abundante documentación histórica de los juzgados de toda la provincia, desde la Audiencia Provincial a juzgados municipales y comarcales ya desaparecidos, salvo las comarcas de Torrijos y Quintanar de la Orden. De este modo, los investigadores podrán afrontar nuevas investigaciones sobre nuestro pasado reciente.