RECUPERAR LAS «CASAS DEL PUEBLO»

Uno de los muchos temas espinosos que hubo que abordar durante la Transición fue la restitución de bienes incautados por la administración franquista durante y después de la guerra civil, en especial los inmuebles. Hoy os traemos tres ejemplos que hemos encontrado entre la documentación del Gobierno Civil y que afectan a sendas “Casas del Pueblo”, reclamadas en los primeros meses de 1978.

Oficio del alcalde de Lagartera al Gobernador Civil sobre la «Casa del Pueblo»

Como es sabido, “Casas del Pueblo” es el nombre que recibían y siguen recibiendo los locales de las agrupaciones del PSOE y de la UGT. Algunas de ellas se fundaron antes de la legalización del partido o del sindicato, camufladas como sociedades recreativas o de socorro mutuo. Este fue el caso de la Casa del Pueblo de Lagartera, como se explica en este vídeo electoral producido en 2011. Precisamente este local lagarterano se reclamó en febrero de 1978. Es el alcalde de la localidad quien informa al Gobernador Civil de la reclamación, que, por lo visto, provenía de la organización del partido en la provincia y no tanto de los afiliados locales. El alcalde, prudente, afirma no tener inconveniente, pero antes quiere recibir instrucciones de la superioridad. Y esta, al margen, decide “que este centro [el Gobierno Civil] estudie el tema y que espere a que le manden instrucciones”.

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  Oficio del alcalde de Gálvez al Gobernador civil sobre la «Casa del Pueblo»

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  Solicitud de la UGT provincial al alcalde de Gálvez sobre la «Casa del Pueblo»

No era la primera reclamación de este tipo que llegaba al gobierno provincial. A mediados de enero ya se había dirigido allí el alcalde de Gálvez mediante un escrito que aporta algunos detalles interesantes. Así, incluye una fotocopia de la petición que, a su vez, había recibido desde la “Comisión Ejecutiva Provincial” de la UGT, lo que confirma el “modus operandi” que habíamos visto ya en el caso anterior. En este caso el sindicato pide la cesión de una parte de la antigua Casa del Pueblo para celebrar sus reuniones en tanto se soluciona toda la cuestión de la restitución de las sedes socialistas, alegando que el edificio había sido incautado en su día por FET y de las JONS. Por su parte, el alcalde informa que en algún momento posterior el edificio fue entregado a la Hermandad Sindical de la localidad —es decir, la sede local de los Sindicatos Verticales— y que luego una parte fue a su vez cedida al Ayuntamiento para instalar allí un centro para ancianos. El alcalde dispone, naturalmente, de las llaves de este último local, pero no de las del resto del edificio. La respuesta del Gobierno Civil es la misma: no hacer nada y esperar.

Petición de los militantes socialistas de Gálvez al Gobernador Civil sobre la «Casa del Pueblo»

Pero en esta ocasión los militantes socialistas se impacientan y a principios de marzo se dirigen directamente al Gobernador Civil para que ordene al alcalde que les proporcione las llaves del local, con la fuerza de todas sus firmas. No obstante, la respuesta del gobernador, de nuevo al margen, es prácticamente la misma: “acusar recibo y decirles se mantienen contactos a nivel provincial y nacional sobre el tema”.

Petición de los militantes socialistas al alcalde de Turleque sobre la «Casa del Pueblo»

El asunto se dilata. A finales de abril es el alcalde de Turleque el que se dirige al Gobierno Civil para el mismo asunto. La respuesta es la previsible: “contestar al igual que en otras ocasiones”. En este caso el alcalde aporta copia de un escrito que le habían remitido los militantes de la localidad nada menos que cuatro meses antes —es decir, más o menos en las mismas fechas que sus compañeros de Lagartera o de Gálvez—, aunque la fecha del registro de entrada en el Ayuntamiento es de 21 de abril. En todo caso, el escrito de los turlequeños es mucho más breve pero también más directo, pidiendo la restitución de la casa entera al considerarse “legítimos propietarios” y con “la misma simplicidad que se empleó para ocuparla”. Aquí acaba nuestra documentación en estos casos, pero la cuestión general de la restitución de este tipo de bienes todavía se dilataría algunos años.

UN AYUNTAMIENTO NUEVO PARA GÁLVEZ

En el folio 43 del protocolo correspondiente a los años 1772 a 1774 de Vicente Fernández Reina, notario de Gálvez, se lee: “Lorenzo Gómez, procurador síndico de esta villa, ante V.M. como mejor proceda, parezco y digo: Bien consta a V.M. lo estrechas y destrozadas que actualmente se hallan las casas del ayuntamiento, carnecerías, escuela de primeras letras, tiendas de abacería y taberna, fragua y cárcel, de modo que se hallan casi inhabitables por su próxima ruina, y que si llegase el caso de suceder el general desplome que están amenazando seria, sobre muy sensible, más costoso que al presente…”. Por ello, pide a los regidores de la villa que aprueben el presupuesto y plano que adjunta para levantar un nuevo edificio que albergue todos los servicios citados. La fecha es el 3 de agosto de 1771.

La petición se acompaña, como ella misma dice, de varios documentos técnicos. Así, el reconocimiento de la situación actual y las condiciones de las obras necesarias, incluyendo su tasación, junto con el plano del edificio que se pretende hacer, todo ello obra de “Alexandro Francisco Pascual, maestro de obras y alarife de la ciudad de Toledo y vecino de ella”, quien terminó los documentos el 23 de julio. Generalmente se conservan solo las condiciones de la obra, pero en este caso, excepcionalmente, conservamos también el plano, realizado a todo color con la pulcritud de la época. Por cierto, obsérvese la importancia dada al archivo municipal.

La construcción es sencilla. En la planta baja hay tres estancias: el archivo, la Sala de Audiencia y las Carnicerías. En la planta alta no parece haber más que un corredor. Los detalles aparecen en el documento de condiciones. Nos fijaremos solo en lo que dice respecto de la escuela: “que por no tener más que un portalito pequeño que tienen que salir a la calle, y en éste no tiene proporción para que el maestro viva y habite, de que ha resultado no querer hacer parada ningún maestro”; por tanto, la construcción de una escuela permitirá, además de unas correctas condiciones para los alumnos, que el maestro se anime a instalarse en el pueblo; se propone que se utilice un sitio junto al pósito. Toda la obra costaría casi 40.000 reales de vellón.

Pero las cosas no fueron tan fáciles. En primer lugar, el Consejo de Castilla no autorizó la obra de las escuelas por la situación económica del ayuntamiento. En segundo lugar, se añadieron a posteriori nuevas obras para que hubiese soportales donde se refugiaran los vendedores, puesto que, al tener que quedarse a la intemperie, no acuden a la villa, provocando algunos problemas de abastecimiento. Con estos añadidos, ningún maestro quiso realizar las obras, pese a que se pregonaron por tres veces en Toledo, Cuerva, Mazarambroz, Ventas con Peña Aguilera, Ajofrín y San Pablo de los Montes, “donde hay maestros”. Hubo, pues, que volver a tasar la obra con los añadidos, quedando ahora fijados en algo más de 47.000 reales. Por esa cantidad, acudieron a realizarlas los maestros toledanos Gregorio del Campo, albañil, y Esteban Mazarracín, carpintero, cuyas firmas aparecen al pie de su oferta.

El contrato se firmó finalmente el 8 de abril de 1772, y las obras estaban terminadas en diciembre del mismo año. El propio Alejandro Pascual reconoció su corrección, e incluso que se habían realizado mejoras no previstas por valor de 1.500 reales. Una placa, que se conserva todavía en su fachada, confirma el año de ejecución. Así se terminaron de construir las casas consistoriales de Gálvez.