Como todas las dictaduras, la de Franco puso especial interés en el control ideológico de la población, es decir, en mantener bien localizadas a todas las personas que pudiesen ser sospechosas de pensar de manera diferente. En particular, los trabajadores de grandes empresas fueron uno de los colectivos más vigilados en este sentido. El principal instrumento para ello era la Organización Sindical, pero en ocasiones no se dudaba en acudir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En marzo de 1959 el gobernador civil de Toledo ordenó a todos los puestos de la Guardia Civil y a las comisarías de Policía de la provincia que hicieran un informe individualizado de la situación ideológica de todos y cada uno de los trabajadores de empresas de más de 20 empleados, con el fin de “tener en todo momento un exacto control de las masas obreras que trabajan en esta provincia de mi mando”. El señor gobernador no podía ser más expresivo.
El resultado es un impresionante expediente de más de 400 páginas donde se registran no solo los datos personales básicos de todas estas personas, sino también una breve (o no tanto) indicación de su ideología y de su comportamiento. Especial atención merecieron los colonos vinculados al Instituto Nacional de Colonización, muchas veces forasteros y para los que no se dudaba en pedir informe individualizado a su provincia de origen, como este de un oriundo de Villacastín (Segovia).
La mayoría de los informes hablan de personas de buena conducta, indiferentes en política o bien definidos como “adictos” al régimen, lo que muchas veces simplemente quería decir que asumían la situación con docilidad. Pero, como cabía esperar, de vez en cuando aparecen ciudadanos que han llamado la atención por algún motivo. Por supuesto, los antecedentes políticos, a veces de treinta años atrás, son un motivo principal para sospechar del trabajador. En este informe de una empresa de Esquivias se aprecia cómo se señala a los trabajadores “desafectos”.
Pero también se registran con puntualidad los cazadores furtivos o los delincuentes comunes.
Además de permitirnos conocer mejor los intríngulis del régimen franquista, esta documentación nos presenta un panorama muy preciso de la población trabajadora de la provincia, desde las grandes empresas a las más pequeñas, como se aprecia en este ordenado informe de Torrijos.
A veces incluso se incluye un breve resumen, como este correspondiente a Villacañas.
Por cierto, que la empresa más grande de la provincia es, sin duda, la cementera Asland, de Villaluenga de la Sagra, cuyo informe ocupa 28 páginas de apretada mecanografía. En ella, también, se encuentra una inusual proporción de trabajadores considerados más o menos “sospechosos” por sus actividades antes y durante la guerra civil. Incluso su director técnico en Yeles, Antonio Sarabia, persona de prestigio en el campo de la ingeniería civil y a quien los agentes tratan respetuosamente de “don”, no puede hacer olvidar sus antecedentes políticos, a pesar de su buena conducta y de que “se muestra muy religioso y afecto al régimen actual”.
Por último, no podemos dejar de mencionar la eficacia de la Guardia Civil en esta tarea: la orden del Gobernador Civil lleva fecha del 11 de febrero, y a finales del mismo mes la mayoría de los puestos ya habían terminado sus informes, a veces bastante largos.
AHPTO 