Debido a la falta de personal, nos vemos obligados a cerrar temporalmente nuestra Sala de Exposiciones. Estamos intentando solucionar el problema lo antes posible, pero por el momento no podemos decir cuándo podremos volver a abrirla. Os pedimos disculpas y agradecemos vuestra comprensión.
Mañana, día 9 de junio, es el Día Internacional de los Archivos. Nosotros lo celebramos con nuestra exposición sobre el 90 aniversario del archivo, que permanecerá hasta septiembre. Pero hoy queremos hacer un homenaje especial a los archiveros que se ocuparon de nuestro centro durante la guerra civil. Además de Francisco de Borja San Román, esta labor correspondió a Isaac Soler Langa y Samuel Ventura Solsona. Su paso por Toledo fue breve, y todo indica que en circunstancias personales bastante complejas, además de las dificultades de la guerra. Pero conservamos de ellos sendas “memorias” en las que exponen su trabajo y que nos permitirán, de paso, conocer algo a sus autores.
La memoria redactada por Soler Langa es en realidad solo una minuta manuscrita que no tiene fecha, aunque junto a él se conserva la copia de un oficio de remisión fechado en noviembre de 1937 que alude, sin duda, a esta memoria y a otra que no hemos conservado. Digamos, ante todo, que Isaac Soler Langa, zaragozano de nacimiento, había pasado por el archivo de la Delegación de Hacienda de Huelva y por la biblioteca de la Universidad de Granada antes de ser destinado al archivo de Hacienda de Toledo en diciembre de 1934. En 1938 obtuvo la plaza de archivero de la Diputación de Zaragoza y diez años después pasaría a la biblioteca de la Universidad de Zaragoza. En su informe, hace hincapié en los destrozos causados por las acciones bélicas en la zona del Hospital de Santa Cruz ocupada por el Archivo, pero también recalca que los protocolos notariales estaban intactos. Incluso nos dice su cifra exacta: 4.742 volúmenes. Por otro lado, en el oficio comunicando la remisión del informe alude a “haber sido arrebatada del pueblo de Illescas, donde se conservaba, la carta dotal de don Miguel de Cervantes y que fue llevada a Madrid”. Como sabemos, esta carta dotal nunca salió de su protocolo original, primero en Esquivias y luego en Illescas, y hoy se conserva en nuestro archivo. Pero es posible que Langa se refiera, sin saberlo, a la copia facsímil realizada en el siglo XIX y cuya historia hemos contado en otro lugar.
La siguiente memoria, mucho más detallada y ya escrita a máquina, sí está fechada, en diciembre de 1938, y firmada por Samuel Ventura Solsona (su retrato lo hemos obtenido del Portal de Archivos Españoles en Red, PARES). Este arqueólogo y archivero castellonense obtuvo su primer destino en 1921 en el Archivo General de Indias, donde permaneció hasta el estallido de la guerra civil, momento en que se trasladó a Castellón de la Plana, colaborando activamente con la Junta Delegada de Incautación, Protección y Salvamento del Patrimonio Artístico. No sabemos cuándo ni por qué llegó a Toledo, pero aquí le encontramos en diciembre de 1938 y ya no estaba en julio de 1939. Teniendo en cuenta las fechas y su actuación anterior (Castellón fue ocupada por los franquistas en abril de 1938), y que tras la guerra fue depurado y trasladado forzosamente a Tarragona, es probable que su paso por Toledo fuese una especie de castigo, aunque tampoco hemos encontrado pruebas de ello. Sea como fuere, su informe describe minuciosamente los locales que ocupa el archivo, aludiendo en repetidas ocasiones a un croquis que, por desgracia, no se ha conservado. Pasa más brevemente por la descripción de los protocolos notariales que conserva, pero enseguida nos cuenta sus andanzas por la provincia en busca de más fondos documentales. No podemos detenernos en ello, pero Ventura insiste en la urgencia del traslado de los protocolos de los distritos notariales de Escalona, Torrijos e Illescas.
En julio de 1939 se reincorpora a su plaza Borja San Román. Enseguida, realiza un informe de situación que, como es natural, sustancialmente resume los datos aportados por sus dos predecesores. Junto al informe, conservamos la minuta de su oficio de remisión en el que nos informa de su vuelta a Toledo, celebra la conservación de todos los protocolos pero se lamenta de la pérdida de la documentación administrativa desde el inicio de los trabajos en 1933 hasta julio de 1936. A partir de aquí, se abre una nueva etapa en la historia del AHPTO.
Hoy, 9 de junio, es el Día Internacional de los Archivos. Así que es casi obligado que os presentemos un documento relacionado con nuestro propio ámbito de trabajo. Vamos a asistir, pues, a la formación del archivo notarial de Orgaz. Mejor dicho, a su no-formación. Expliquémoslo.
Estamos a principios del período revolucionario que había expulsado a Isabel II pero todavía no había acabado de encontrar la forma de gobierno adecuada para España. Una época convulsa, desde luego. El “gobierno provisional” decide acometer un asunto que venía de atrás: el destino de los protocolos de los notarios. Ya hemos hablado en otras ocasiones de los protocolos notariales, auténtico corazón de los Archivos Históricos Provinciales. Como sabéis, el “protocolo” es el conjunto de las escrituras “matrices” (es decir, la copia que se queda el notario de todas las escrituras otorgadas en su presencia) que ha otorgado un notario a lo largo de un año. Desde su regulación a nivel nacional, a principios del siglo XVI, los notarios están obligados a conservar todos los protocolos tanto suyos como de sus antecesores en la notaría. Pero con la llegada del Estado liberal empiezan a surgir voces contra la propiedad privada de unos documentos que ya no tienen, obviamente, valor notarial y sí valor histórico o cultural. Serían los gobiernos más progresistas los que hagan realidad disposiciones en este sentido. Una de ellas será el Decreto de 8 de enero de 1869, que dispone que en cada distrito notarial se constituya un “archivo general de protocolos”, formado con los protocolos de más de 30 años y otros registros que se especifican, y que estará al cargo de un notario del distrito.
Ya decimos que eran tiempos convulsos. Así que, en el distrito de Orgaz hubieron de pasar casi cinco años sin que nadie hiciera nada al respecto, seguramente ocupados en otras cuestiones. En noviembre de 1873, con la situación general algo más estabilizada, la Audiencia de Madrid escribe al juez de primera instancia para que “por cuanto medio su celo le sugiera”, ponga en marcha de una vez este archivo. Y aquí empiezan los siempre entretenidos trámites burocráticos. En primer lugar, el juez le pasa la pelota al alcalde, para que provea de local adecuado.
A los pocos días el alcalde contesta. El único local adecuado es “una de las tres salas que, en el piso alto del edificio donde están establecidos el pósito de esta villa y cárcel del partido, se destinan a prisión de mujeres”, puesto que, con las otras dos salas ya es suficiente para mantener arrestadas a las mujeres presas que pudiera haber. Hoy, el antiguo pósito es sede del juzgado orgaceño y el edificio, reformado, sigue manteniendo allí el archivo judicial. Podéis encontrar más información sobre este interesante edificio en el blog Villa de Orgaz.
Pero el asunto aún no ha terminado. En enero de 1874 el juez vuelve a remitir el asunto a la Audiencia de Madrid para que disponga el nombramiento del notario archivero. Se ve que el alto tribunal no tiene mucha prisa para estas cuestiones, porque no contesta. Sin embargo, en octubre de 1875 ordena al juez que gire visita de inspección al archivo. El juez, imperturbable, contesta que “no se puede girar visita al archivo de protocolos de este distrito en razón a no haber archivero nombrado en el mismo a donde estuvieran reunidos los protocolos de los pueblos del partido”. No sabemos si esto significa que los documentos ya estaban en el local previsto, pero faltaba quien se hiciese cargo de ellos o si, más bien, no se había hecho nada. Nuestro expediente termina aquí. Solo podemos decir que en algún momento las autoridades decidieron ocuparse de este asunto y hoy el archivo de protocolos de Orgaz funciona con normalidad.
Hace algún tiempo os presentamos la copia que tenemos en el AHPTO del testamento de Teresa Enríquez, “La loca del Sacramento”, impulsora de la construcción de la espectacular Colegiata de Torrijos. Entonces nos fijamos en su contenido y en el personaje, pero toda la burocracia que lleva a su alrededor tiene también su interés. En eso nos vamos a fijar hoy.
Al primer vistazo vemos que no tenemos delante el testamento original sino una copia de casi dos siglos después, por el tipo de letra y por el papel timbrado. Enseguida se nos dice, en efecto, que estamos ante las autoridades municipales de Madrid y que el duque de Maqueda, descendiente de doña Teresa, a través de su abogado, quiere hacer copia auténtica de diversos documentos importantes de su archivo “por cuanto se hallan deteriorados a causa de su mucha antigüedad y con el transcurso del tiempo se ha perdido el color de la tinta e introducídose la polilla en algunos de ellos”. Cualquier archivero sabe la verdad que hay en estas palabras. Se dispone que la copia la haga un notario, pero bajo la supervisión de un experto contratado al efecto, el padre dominico Juan Gallego, “quien ha hecho otras compulsas y obras de esta calidad, como es público y notorio”. Como vemos, no cualquiera puede enfrentarse a las escrituras antiguas. Estas compulsas se entregarán al duque “para colocarlas en el archivo con sus originales en el lugar que les corresponda”. El teniente corregidor de Madrid accede a la petición y ordena al notario Pedro Suárez de Ribera que haga las copias de la forma indicada.
Así que ahora entra en acción el mencionado fray Juan Gallego, que dice que ha visto “en casa de los Excelentísimos Señores Duques de Arcos diferentes instrumentos que tienen en su archivo… para trasumptarlos [sic] y hacer la compulsa de ellos en letra más inteligible”. Por supuesto, el buen fraile exhibe ante el notario la licencia que tiene de su superior para hacer todo esto, licencia que el notario copia íntegra, una página; recordemos que los notarios en esta época cobraban por páginas.
Bien, pues vamos a transcribir el testamento, que es lo que nos importa. Pero resulta que lo que fray Juan tiene delante no es el testamento original, sino otra copia autorizada que nos lleva dos siglos atrás. En efecto, a los pocos días de la muerte de Teresa Enríquez, se presentó en el Ayuntamiento de Torrijos el fraile agustino Francisco de la Parra con el testamento cerrado de la fundadora en la mano, ya que él era uno de sus albaceas, y pidió que el alcalde mande hacer “uno o dos traslados o los que más conviniesen”. Y luego “el señor alcalde tomó en la mano el dicho testamento e le abrió en presencia de los dichos testigos e lo firmó de su nombre: Juan de Andrada, alcalde”. Enseguida compareció el prior de la Colegiata y, en su calidad de heredero, pidió ya la primera copia autorizada. Antes de otorgarla, el alcalde llamó a los que aparecen como testigos en el propio testamento para que juren que efectivamente ese es el testamento original, reconociendo las firmas y sellos. Se mandó contar las hojas del testamento original, “veinte y cinco hojas y una plana, y a la vuelta de ella está el otorgamiento y sello y firma de Su Señoría y del escribano, signado y firmado de los testigos. Y todas las dichas hojas al pie de ellas estaban cerradas con una raya, y la cabeza con unas rayas de tinta, y en la dicha postrera plana está asimismo por de dentro la firma de la dicha señora doña Teresa, que está en gloria”.
¿Y ya encontramos el testamento? Pues todavía no. Lo que con tanta prosapia entregó fray Francisco al alcalde torrijeño es un acta por la que el notario de la localidad, dentro de las propias casas de Teresa Enríquez, afirma que ella misma le hace entrega de un escrito doblado y cerrado declarando, delante de testigos, que ese era su testamento, y que estaba escrito en 25 hojas “en papel de pliego entero”, de una misma letra. De todo ello da fe el notario municipal para después, por fin, copiar el testamento propiamente dicho que, como hemos visto, acababa de abrir el alcalde. La copia ocupa 32 hojas, por la diferencia de letra.
Una vez conocido el testamento, ya las formalidades son pocas. Volvemos sin transición al siglo XVIII y a Madrid, donde fray Juan Gallego jura haber transcrito “bien y fielmente” todo el documento, y el notario da fe de haberse hecho la transcripción en 92 hojas en total, siendo el primer pliego en papel sellado y el resto en papel común. Y todo termina con la firma del notario y del transcriptor.
Aunque parezca una onomatopeya, se trata de unas siglas que, desarrolladas, significan “Administración Institucional de Servicios Socio-profesionales”. Ya no es una onomatopeya, pero sí un galimatías. Hoy vamos a hablar de esta peculiar institución. En realidad, se trata de un organismo destinado a liquidar otro, la Organización Sindical o “Sindicatos Verticales”, es decir, el entramado administrativo organizado durante la dictadura franquista para encuadrar y controlar todo lo relacionado con las cuestiones laborales, entendidas en un sentido muy amplio. Ya hemos mencionado en otras ocasiones esta singular y complejísima estructura, dependiente del único partido político legalmente permitido en la época. Con la llegada de la democracia y la libertad sindical, los Sindicatos Verticales dejaron de tener sentido, pero para entonces acumulaban una ingente cantidad de medios materiales, sobre todo edificios, y varios miles de trabajadores. La AISS fue la solución.
Este organismo, creado en octubre de 1976 y dependiente de la Presidencia del Gobierno, recibió todos los bienes materiales y todos los trabajadores de la antigua Organización Sindical con el objetivo de irlos distribuyendo de la mejor manera posible por los diferentes Ministerios. Hay que decir que la AISS resultó tremendamente eficaz, y en menos de nueve meses el reparto estaba terminado en sus líneas básicas, aunque el organismo no fue formalmente suprimido hasta 1986. En este documento podéis ver cómo quedó la distribución de funcionarios de Toledo en 1979, aunque de los comentarios del propio documento se deja entrever que el cambio no fue siempre fácil.
Una cuestión muy importante para nosotros fue el cuidado que la AISS tuvo con la documentación de los antiguos sindicatos, aspecto en el que hay que destacar la labor de José Manuel Mata Castillón, nombrado director del archivo de la AISS y que luego sería Subdirector General de Archivos del Ministerio de Cultura. En efecto, Mata se ocupó de que todos los archivos de las distintas oficinas sindicales fuesen transferidos a las delegaciones provinciales de la AISS y luego, desde allí, enviados a los correspondientes Archivos Históricos Provinciales, redactando detalladas instrucciones como las que aparecen en la imagen.
Así ocurrió también en Toledo, donde las distintas oficinas comarcales y locales de los antiguos Sindicatos fueron enviando su documentación a la sede de la AISS, en el todavía hoy conocido como “Arco de Sindicatos”, durante 1977 y 1978. El documento que os ofrecemos es el acta de entrega de esta documentación por parte de la delegación comarcal de Illescas. Pero la falta de espacio en el AHPTO motivó que en ese momento los documentos se quedaran allí, al principio custodiados por la propia AISS y después por la Delegación provincial del Ministerio de Trabajo. Hubo que esperar casi veinte años, hasta febrero de 1997, para poder trasladar los documentos al Archivo, aunque para entonces ya estaban bastante desorganizados y hasta 2011 no se terminaron las labores de reorganización y descripción. De este modo, y aunque sea de forma un tanto trastabillada, también en este punto la AISS cumplió su misión y los documentos de los antiguos sindicatos franquistas hoy pueden ser utilizados por investigadores y ciudadanos en general.
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La memoria, el olvido, los documentos y los archivos serán el eje central de este blog porque…sin archivos, sin documentos, sin archiveros…¿podemos preservar nuestra memoria?
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