Uno de los muchos temas espinosos que hubo que abordar durante la Transición fue la restitución de bienes incautados por la administración franquista durante y después de la guerra civil, en especial los inmuebles. Hoy os traemos tres ejemplos que hemos encontrado entre la documentación del Gobierno Civil y que afectan a sendas “Casas del Pueblo”, reclamadas en los primeros meses de 1978.
Como es sabido, “Casas del Pueblo” es el nombre que recibían y siguen recibiendo los locales de las agrupaciones del PSOE y de la UGT. Algunas de ellas se fundaron antes de la legalización del partido o del sindicato, camufladas como sociedades recreativas o de socorro mutuo. Este fue el caso de la Casa del Pueblo de Lagartera, como se explica en este vídeo electoral producido en 2011. Precisamente este local lagarterano se reclamó en febrero de 1978. Es el alcalde de la localidad quien informa al Gobernador Civil de la reclamación, que, por lo visto, provenía de la organización del partido en la provincia y no tanto de los afiliados locales. El alcalde, prudente, afirma no tener inconveniente, pero antes quiere recibir instrucciones de la superioridad. Y esta, al margen, decide “que este centro [el Gobierno Civil] estudie el tema y que espere a que le manden instrucciones”.
Oficio del alcalde de Gálvez al Gobernador civil sobre la «Casa del Pueblo» 
Solicitud de la UGT provincial al alcalde de Gálvez sobre la «Casa del Pueblo»
No era la primera reclamación de este tipo que llegaba al gobierno provincial. A mediados de enero ya se había dirigido allí el alcalde de Gálvez mediante un escrito que aporta algunos detalles interesantes. Así, incluye una fotocopia de la petición que, a su vez, había recibido desde la “Comisión Ejecutiva Provincial” de la UGT, lo que confirma el “modus operandi” que habíamos visto ya en el caso anterior. En este caso el sindicato pide la cesión de una parte de la antigua Casa del Pueblo para celebrar sus reuniones en tanto se soluciona toda la cuestión de la restitución de las sedes socialistas, alegando que el edificio había sido incautado en su día por FET y de las JONS. Por su parte, el alcalde informa que en algún momento posterior el edificio fue entregado a la Hermandad Sindical de la localidad —es decir, la sede local de los Sindicatos Verticales— y que luego una parte fue a su vez cedida al Ayuntamiento para instalar allí un centro para ancianos. El alcalde dispone, naturalmente, de las llaves de este último local, pero no de las del resto del edificio. La respuesta del Gobierno Civil es la misma: no hacer nada y esperar.
Pero en esta ocasión los militantes socialistas se impacientan y a principios de marzo se dirigen directamente al Gobernador Civil para que ordene al alcalde que les proporcione las llaves del local, con la fuerza de todas sus firmas. No obstante, la respuesta del gobernador, de nuevo al margen, es prácticamente la misma: “acusar recibo y decirles se mantienen contactos a nivel provincial y nacional sobre el tema”.
El asunto se dilata. A finales de abril es el alcalde de Turleque el que se dirige al Gobierno Civil para el mismo asunto. La respuesta es la previsible: “contestar al igual que en otras ocasiones”. En este caso el alcalde aporta copia de un escrito que le habían remitido los militantes de la localidad nada menos que cuatro meses antes —es decir, más o menos en las mismas fechas que sus compañeros de Lagartera o de Gálvez—, aunque la fecha del registro de entrada en el Ayuntamiento es de 21 de abril. En todo caso, el escrito de los turlequeños es mucho más breve pero también más directo, pidiendo la restitución de la casa entera al considerarse “legítimos propietarios” y con “la misma simplicidad que se empleó para ocuparla”. Aquí acaba nuestra documentación en estos casos, pero la cuestión general de la restitución de este tipo de bienes todavía se dilataría algunos años.
AHPTO 