El 8 de abril de 1962 era domingo y, como casi siempre, numerosos visitantes acudían al Museo del Hospital Tavera de Toledo. Esa tarde, al cerrar, la guardesa del lugar se dio cuenta de que faltaba una de las joyas de la institución, una carta del emperador Carlos V al entonces arzobispo de Santiago, Juan Pardo de Tavera. Inmediatamente avisó al administrador del edificio, quien interpuso la denuncia correspondiente. Poco tardó la Policía en localizar al autor, detenerlo y recuperar el valioso documento. De todo ello daba cuenta la prensa nacional, e incluso podemos encontrar una fotografía de la carta en cuestión.
En la imagen podemos leer con claridad la declaración del encausado en el Juzgado de Instrucción de Toledo, una versión que, obviamente, no convenció a nadie. Se decreta su prisión provisional pero, pocos días después, el juez decide ponerlo en libertad porque “es de presumir que el procesado… no tratará de eludir la acción de la justicia”. El correspondiente embargo de bienes tampoco puede hacerse “pues dada su condición de estudiante carece de bienes y metálicos, hallándose de pensión, ocupando una habitación solamente para dormir”. El funcionario que acudió a la pensión donde vivía en encausado fue el último representante de la Ley que lo vio. El juicio se celebró en septiembre de 1962 y el abogado aceptó sin discutir la petición del fiscal: tres meses de arresto mayor. Pero, para entonces José Luis (así se llamaba el interesado) había desaparecido. Se ordenó su busca y captura, se le buscó en las pensiones y casas particulares de Madrid y Barcelona donde había residido. Todo fue inútil. Puesto que el objeto robado había sido devuelto y no hubo mayores daños, suponemos que la investigación se dejó aparcada. Quizá José Luis aprovechó la libertad provisional para volver a México, donde vivía con sus padres, emigrantes oriundos de la provincia de Almería.
El expediente judicial nos ofrece algunos detalles curiosos. Así, se encargó un informe sobre huellas dactilares al Gabinete Central de Identificación Criminal de la Policía, que incluyó una fotografía de la vitrina donde estaba el documento y en la que se podía apreciar, a nuestra derecha y ampliándola, una huella que permitió ratificar la identificación del ladrón.
Y, en fin, los archiveros tenemos la satisfacción de encontrar a dos de nuestros más ilustres colegas de la época, Luis Sánchez Belda y Antonio Matilla Tascón, actuando como “calígrafos paleógrafos natos” para declarar el inmenso valor cultural del documento y tasarlo en 5.000 pesetas de la época.
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