Los primeros años del siglo pasado contemplaron en España los inicios de lo que podríamos llamar la protección social. Ya os hemos hablado de algunos de los organismos creados en estos años para proteger a colectivos considerados más desfavorecidos: el Patronato de Protección a la Mujer, Los Institutos Provinciales de Higiene o las Mancomunidades Sanitarias. Hoy os queremos contar la historia de otro de esos organismos: La Junta de Protección de Menores.
En 1904 se crea un “Consejo Superior de Protección a la Infancia y Extinción de la Mendicidad”, que contará con las correspondientes Juntas provinciales, pero en realidad estos organismos no empezarán a funcionar hasta 1908, cuando se publique su reglamento. Es interesante repasar algunas de las funciones que se le atribuyen: protección y amparo de la mujer embarazada; reglamentación de la “lactancia mercenaria”; investigación de los daños o explotaciones de que puedan ser objeto los niños con padres o sin ellos; amparo de los niños “moralmente abandonados”; protección paternal de “los llamados rebeldes, incorregibles o delincuentes”; cuidado de la educación e instrucción de “los llamados anormales”, o la creación de una Liga Internacional de Protección a la Infancia.
La Junta provincial de Toledo se constituyó en marzo del mismo 1908. Era bastante numerosa y compleja, con una Comisión permanente y varias secciones. Entre sus componentes, además de representantes de las instituciones, encontramos diferentes asociaciones profesionales y sociales y personalidades como el antropólogo Luis de Hoyos, catedrático del Instituto, creador del Parque Escolar y, además, propietario del primer coche matriculado en nuestra provincia.
Como sucede casi siempre, uno de los principales problemas de la Junta era el económico. Los subsidios estatales, muy magros o incluso inexistentes, trataban de compensarse con donativos que siempre resultaban insuficientes. Especialmente preocupante era el mantenimiento de los niños acogidos en las diferentes casas al cargo directo de la Junta, para los que su presidente no cesaba de regatear con proveedores y de buscar mejores precios. Aquí tenemos las quejas de uno de los proveedores, al que no le salen las cuentas, así como la oferta de la empresa vizcaína “los Pirineos”, pionera en productos lácteos en España. Y eso que las raciones no eran especialmente abundantes, como se refleja en este documento de 1920 aproximadamente.
La salvación llegó en 1911, cuando se instauró un nuevo impuesto del 5 % sobre la taquilla de teatros, cines, bailes y espectáculos públicos que iría destinado precisamente a esta Junta, quien quedó encargada de su gestión y recaudación. De este modo, la documentación adquiere un nuevo interés. Además de servir para el estudio de la situación de los menores, sirve para conocer algunos aspectos de la vida cultural hasta los años 80. Por ejemplo, aquí tenemos una lista de estas actividades en la provincia en 1950, reducidas a cines y bailes (en la lista no aparecen ni Toledo ni Talavera de la Reina); o el detalle de las entradas vendidas un martes de noviembre de 1915 en el Teatro de Rojas de Toledo: solo se vendieron la mitad de las entradas.
La Junta de Protección de Menores permaneció activa, con pocos cambios, hasta la llegada de las Comunidades Autónomas. En febrero de 1985 la de Toledo es traspasada a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, momento en que se produce una cierta confusión, como se refleja en este telegrama. De todos modos, este organismo sería suprimido en nuestra región en noviembre de ese mismo año, pasando sus funciones y medios a la Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo.
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