A veces se tiene la impresión de que en los archivos históricos solo se conservan los documentos “importantes”. Pero, en realidad, es todo lo contrario. Lo más habitual es que en los archivos se encuentran las historias cotidianas de las personas corrientes. En estos días, muchas de estas personas corrientes nos desplazamos en automóvil y, desgraciadamente, abundan las pequeñas historias de accidentes y de multas. Hoy os queremos contar algunas de ellas.
El 7 de junio de 1965, a las siete y cuarto de la tarde, Lucio Prados López, vecino de Illescas, salió montado en su Vespa de la casa de su familia en Yuncos para tomar la carretera, que entonces atravesaba el pueblo, en dirección a Toledo. Al girar hacia su izquierda, chocó con el Renault Ondine que, en dirección a Madrid, conducía Leónides Gonzalo Galabia, vecino de la Villa y Corte. El motorista resultó con heridas leves y, además, hubo daños en los respectivos vehículos. Las leyes del momento estipulaban que estos asuntos debían ser investigados por los jueces de instrucción y después remitidos a la Audiencia Provincial, de manera que el juez de instrucción de Illescas realizó toda la investigación en pocos días, enviando después el expediente a finales del mismo mes a la Audiencia. A pesar de esta rapidez inicial, el proceso se demoró año y medio, entre otros motivos por la supresión del juzgado de Illescas. De este caso, uno de tantos, nos ha quedado un expediente relativamente voluminoso que incluye un sencillo pero muy expresivo croquis que realizó el juez instructor.
No siempre los accidentes son tan leves. Estas dos fotografías son parte de sendos reportajes de otros tantos accidentes que, por encargo judicial, realizó la Casa Rodríguez. El primero fue el que dejó prácticamente destrozado un “coche americano” en la carretera Madrid-Toledo a la salida de Olías del Rey a mediados de julio de 1957, hace casi exactamente 62 años. El segundo ocurrió en agosto de 1965, entre una furgoneta y el “camión de la Unión y el Fénix”, en un lugar que el fotógrafo no especificó. Sin embargo, gracias a su expediente de matrícula, podemos saber que la furgoneta era una DKW, propiedad de un vecino de Yepes, quien la había adquirido apenas cinco meses antes. Este accidente no impidió que el vehículo fuese vendido en noviembre de 1967 a un vecino de Corvera (Murcia), quien a su vez, en febrero de 1968, le cambió el motor de gasolina por otro diésel. En noviembre de 1972 el vehículo pasó a “servicio público”, y finalmente en octubre de 1977 fue dado de baja y enviado al desguace.
Pero no todo son accidentes. En realidad, la mayor parte de los incidentes automovilísticos acaban en simples faltas administrativas, es decir, en una multa. En nuestro archivo solo conservamos expedientes de los recursos judiciales motivados por el impago de algunas de estas multas. El primer caso que hemos encontrado es de octubre de 1925, cuando el Jefe provincial de Obras Públicas, Luis Barber, del que hemos hablado con anterioridad, se dirige al Juez de Primera Instancia de Navahermosa para que ordene el cobro de la multa. Se trata de una infracción al artículo 12 del Reglamento de Policía y Conservación de Carreteras aprobado en octubre de 1920. Al parecer este artículo era uno de los menos respetados por los conductores, como señala una Orden de enero de 1922. El artículo en cuestión hace referencia a los carros, cuyas ruedas no deben tener menos de un metro de diámetro y deben llevar una matrícula expedida por los ayuntamientos, similar a la de los automóviles. Como vemos, doña Balbina Marcos, de Los Navalmorales, no cumplió alguno de estos preceptos, por lo que fue multada con la pena mínima de cinco pesetas. Pero resultó que cuando el secretario del Juzgado Municipal de Los Navalmorales fue a cobrar esta deuda encontró que, según los vecinos, “hace más de año y medio que la Balbina hizo almoneda de los pocos muebles que tenía, se marchó y no ha vuelto por aquí ni se sabe su paradero”. Parece, pues, que la multa se quedó sin cobrar.
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